A medida que se acercan las PASO, los precandidatos a presidente adelantan algunas de sus propuestas. En particular, con respecto a los Derechos de Exportación (DEX) sobre los productos del campo, se escuchan posturas que, mayormente, promueven mantenerlos para el complejo soja, maíz y trigo. No hay precisión sobre otros granos, como sorgo, cebada y girasol. Tampoco sobre las carnes. En general, se sostiene que se eliminarán para los lácteos y para todas las economías regionales. No se dice nada de eliminar la brecha cambiaria de manera urgente y lograr que los reintegros a las exportaciones lleguen a los productores de las economías regionales, que sufren estos dos temas.

Desde CRA sostenemos que lo mejor para el país y para su economía -no sólo para los productores- es la eliminación total de los DEX. No se debe caer nuevamente en el facilismo populista de pretender solucionar el problema fiscal manteniendo en el tiempo este impuesto distorsivo. El campo es el mayor aportante de divisas al país -lejos de otros sectores productivos-, y es la llave para solucionar el problema recurrente de la falta de dólares. Una visión integral de déficit gemelos, fiscal y de balanza de pagos, debería primar sobre una visión exclusivamente fiscalista y que atenta contra una mayor producción. Este tiempo requiere de una mirada de estadista, y no el simplismo fiscal de recaudar rápido y derribar al sector productor.

Los DEX son distorsivos, generan menos inversiones, menos empleo y menos entrada de divisas de exportación. Son negativos para cualquier actividad productiva y su existencia es una excepción en el resto del mundo. Son injustos, porque castigan directamente los ingresos sin tener en cuenta el resultado productivo. Por citar un ejemplo, en algunas actividades de mediano plazo, como la ganadería y la actividad lechera, son muy negativos; el stock vacuno es una de sus víctimas principales, siendo hoy menor que hace veinte años. Son discriminatorios, porque recargan tributación sobre la actividad agropecuaria y las economías regionales, y no en la misma medida sobre otros sectores productivos. Se debe ir hacia una menor presión tributaria, igualitaria entre sectores productivos.

La eliminación de los DEX genera una explosión productiva, tal lo acontecido en 2016, cuando se eliminaron los DEX para el trigo y el maíz. Ese impacto se pone de manifiesto en el caso del trigo en el ciclo productivo 2016-17, cuando la superficie sembrada aumentó notablemente, mejorando además la rotación de cultivos y la sustentabilidad del suelo. Si se compara la superficie sembrada de trigo en 2021 respecto de 2012, se observa que a lo largo de ese período creció 113,4%, pasando de tres a siete millones de hectáreas, con los consecuentes incrementos productivos, de generación de empleo, de ingreso de divisas genuinas al país, y de seguridad alimentaria para todos los argentinos. La estadística resulta incontrastable, sólo no la ven, quienes ignoran que es creciendo y exportando, como se sale del desastre económico y social actual.

La eliminación de los DEX no es sólo un pedido de CRA, de las entidades rurales, o gobiernos provinciales, con fuerte producción agropecuaria, que pueden visualizar sus efectos negativos. Además, en el Congreso Nacional hay varios proyectos de ley que proponen esto, y no han sido tratados en los últimos cuatro años.

Los DEX totales equivalen al 2,1% del PIB, por lo que, quienes aspiren a dirigir los destinos de la Argentina durante los próximos años deben abandonar la receta de equilibrar las cuentas fiscales incrementando la presión impositiva. A lo largo de más de 20 años de aplicación ininterrumpida de DEX ningún índice social o económico justifica su existencia y mucho menos su continuidad en el futuro.

Algunas de las posibles salidas fiscales pasan por modificar la implementación del gasto en obra pública y por revisar los subsidios económicos. El gasto público nacional de capital, esencialmente obra pública, equivale a 2,6% del PIB. Se podría pasar, en un enfoque mixto, a esquemas de mayor participación directa del sector privado nacional y extranjero en la construcción de obra pública. El gasto público nacional en energía y transporte representa el 2,9% del PIB. Es claro que pasar de los subsidios actuales a una corrección abrupta de tarifas de servicios públicos afectaría a buena parte de la población, sobre todo teniendo en cuenta un 40% de pobreza. Se debería pensar un esquema intertemporal de adecuación de tarifas.

Nuestro país necesita, además, la urgente reducción del «gasto político», la eliminación del exceso de ministerios, y una reforma del Estado, entre otras acciones impostergables. La eliminación de burocracia estatal, que conllevaría entre otros beneficios la simplificación de trámites, sería un signo positivo, en los tres niveles de gobierno, Nación, provincias y municipios.

Desde CRA, creemos que hay que cambiar la visión sobre los DEX. Se debería apuntar a cambiar la estructura tributaria Nación-provincias-municipios, en favor de la producción y evitando la superposición de niveles tributarios. Los precandidatos a presidente deberían tener una visión integral del país, priorizando la producción y el desarrollo. Con los DEX seguiremos mirando cómo crecen productivamente los países vecinos, mientras nosotros repetimos medidas largamente fracasadas.