Su prohibición temporal es para todo el territorio bonaerense. La tecnología había sido validada por el organismo regulatorio de Estados Unidos en la misma semana. Magistrado marplatense hizo lugar a acción colectiva promovida por organizaciones ambientalistas. Existe otro expediente en el fuero Contencioso.

Una vaso de agua y una medida cautelar no se le niegan a nadie en la Argentina. De manera insólita, el último viernes se conoció que un juez marplatense había dictado una medida interina que prohibía temporalmente la utilización del Trigo HB4, genéticamente modificado para soportar las sequías. La curiosidad estuvo radicada en que el magistrado que tomó esta decisión de hacer lugar a una cautelar fue Néstor Salas, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Mar del Plata.

De acuerdo a lo que informó el portal Palabras de Derecho, la causa -que tramita como amparo colectivo- fue iniciada con el objetivo de que se suspenda la aplicación de la variedad exótica de trigo IND- ØØ412-7, que la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional de la Nación autorizó a aplicar y que confirió a la firma INDEAR S.A. la potestad para comercializar su semilla y los productos y subproductos derivados de la misma.

La segunda curiosidad es que Salas sometió el alcance de su decisión en todo el territorio bonaerense hasta tanto la Comisión de Biotecnología y Bioseguridad Agropecuaria bonaerense elabore un informe con «recomendaciones». Sin embargo, ese organismo creado por ley no fue puesto en funcionamiento, lo que deja una encrucijada sobre cómo debería resolverse el problema. La discusión -judicial- tiene un alto impacto político, pero también una faceta económica de gran relevancia debido a los plazos que fijan los ciclos productivos para la siembra.

Pero, a su vez, genera múltiples suspicacias en torno a la oportunidad en la que el fallo fue otorgado: justamente, la variedad de trigo transgénico argentino HB4, que resiste la sequía, fue aprobada el lunes 27 de junio por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, lo que colocó a la Argentina en el podio de la agroindustria con proyecciones globales que habían sido celebradas por el Ministerio de Agroindustria. El análisis y aprobación en cuanto a su evaluación en términos de inocuidad alimentaria había sido avalado previamente por otros tres organismos regulatorios en el país, y su luz verde también provino de países como Brasil, Colombia, Australia y Nueva Zelanda.

A través de 24 carillas, el fallo del juez Salas refiere al proceso colectivo «Arisnabarreta, Gabriel y otros c/Provincia de Buenos Aires s/amparo colectivo Ley 12.822, Ley 11.723». La demanda, según se repasó, fue iniciada en 2020, recibió aportes durante 2021 y el martes 22 de junio, una semana antes de que tuviera resolución tuvo novedades por parte de los accionantes. La presentación lleva la firma de unas 36 personas, integrantes de diversas organizaciones ambientalistas pero argumentando la representación de hijos menores de edad y «las generaciones futuras». Allí solicitaron que se otorgue una medida «precautelar» y una medida «cautelar innovativa» que ordene «la suspensión -prohibición temporal- en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires del uso y liberación a cielo abierto -a todo fin ya sea para explotación comercial o ensayo de experimentación- de la variedad exótica de Trigo Modificado Genéticamente IND- ØØ412-7», en los términos en los que se concedió la demanda por tratarse de una variante «exótica». Asimismo, solicitaron la intervención de la Asesoría de Menores e Incapaces del Departamento Judicial de Mar del Plata, y al Ministerio Público Fiscal tanto provincial como federal. Allí reclamaron que se investigue penalmente las responsabilidades por delitos que van desde abuso de autoridad hasta envenenamiento.

El juez comenzó por analizar presentaciones que se remontaban a 2021 y decidió tramitar su unificación y reseñó que el proceso había comenzado en 2020. Salas se hizo, a su vez, una serie de preguntas respecto a la utilización de trigo modificado por lo que consideró «imprescindible que la Provincia de Buenos Aires cuente con un informe que establezca las bases de sustentación de la vida». Sin embargo, se destacó que existe también una causa federal que tramita ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, tribunales que son clave.

«Asestan con razón los demandantes que la omisión en la reglamentación y puesta en funcionamiento de la comisión de biotecnología contrarían las atribuciones del Poder Ejecutivo previstas por el artículo 144 inciso 2 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires» ,indicó el fallo. Citó un caso resuelto por la Corte Suprema un precedente por la omisión de reglamentar en plazo razonable.

En su resolución en la que concede la cautelar, el juez asimismo resolvió poner en conocimiento a los legitimados activos, a la fiscalía de Estado y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

El cultivo de trigo HB4, desarrollado por la empresa biotecnológica Bioceres, en colaboración con la Universidad Nacional del Litoral y el Conicet, fue modificado genéticamente para que sea capaz de tolerar situaciones de sequía y resista al glufosinato de amonio, un herbicida al que la Organización Mundial de la Salud (OMS) califica como «moderadamente peligroso».