El Gobierno nacional oficializó la adjudicación de la segunda etapa de la licitación pública de la Red Federal de Concesiones (Etapa II-B), mediante la cual empresas privadas tendrán a su cargo la construcción, explotación, operación, administración y mantenimiento de 2.556 kilómetros de rutas nacionales durante los próximos 20 años bajo un régimen de concesión por peaje.

La medida, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, aprueba el proceso licitatorio y confirma las empresas que administrarán cuatro corredores estratégicos que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y San Luis. Se trata de una red vial de gran importancia para el transporte de granos, carnes, insumos y otros productos agroindustriales con destino a los principales puertos exportadores del país.

La empresa Creditech S.A., junto con Plantel S.A., ambas integrantes del Grupo Corven, resultó la principal adjudicataria al quedarse con dos corredores. Administrará el Corredor Mediterráneo, de 672 kilómetros sobre las rutas nacionales 7 y 35, y el Corredor Portuario Sur, de 636 kilómetros sobre las rutas nacionales 9 y 188. Por su parte, CPC S.A., vinculada al Grupo Indalo, obtuvo la concesión del Corredor Portuario Norte, que comprende 528 kilómetros de las rutas nacionales 9, 33 y A-008, mientras que BASAA Construcciones S.A. fue adjudicataria del Corredor Puntano, integrado por 720 kilómetros de las rutas nacionales 8, 36, 193 y A-005.

Los cuatro corredores concentran buena parte del tránsito de camiones que movilizan la producción agropecuaria desde las principales zonas productivas hacia los puertos del Gran Rosario, Bahía Blanca y otros nodos logísticos. Las rutas nacionales 7, 8, 9, 33 y 35 son consideradas ejes estratégicos para la salida de granos y derivados, por lo que el mantenimiento y la mejora de esta infraestructura tienen un impacto directo sobre los costos logísticos y la competitividad del sector.

Según los contratos de concesión, las empresas deberán operar las estaciones de peaje, garantizar el mantenimiento y la conservación de las rutas, ejecutar las obras de rehabilitación y mejora previstas y prestar servicios de asistencia a los usuarios durante toda la vigencia de la concesión.

Con esta adjudicación, el Gobierno avanza en un nuevo esquema de gestión de la infraestructura vial nacional, que busca reemplazar el financiamiento estatal por inversiones privadas respaldadas por el sistema de peajes. La iniciativa forma parte del proceso de reorganización de la Red Federal de Concesiones y de la reestructuración del sistema de corredores viales impulsada por la administración nacional. Para el sector agropecuario, la expectativa estará puesta en que las concesionarias concreten las obras comprometidas y mejoren el estado de rutas que son fundamentales para la logística de la cosecha, el transporte de insumos y el abastecimiento de las cadenas productivas, especialmente en los corredores que conectan las regiones agrícolas con los complejos portuarios de exportación.