La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el jefe de la Policía Federal Argentina, Néstor Roncaglia, presentaron hoy el megaoperativo“Alijo Guasú”, en el que se desarticuló una red internacional de contrabando que traficaba celulares y equipos electrónicos entre nuestro país y la República del Paraguay. El resultado: 21 detenidos, incluyendo a la cabecilla y tres funcionarios desleales de la Aduana, y la incautación de bienes ilegales valuados en 85 millones de pesos.

“Esta banda había establecido todo un sistema de contrabando para nutrir de artículos electrónicos a una cantidad importante de negocios en todo el país”, aseguró la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y agregó: “Todos los equipos venían desde Ciudad del Este y hubo que romper muchos micros y camiones en los que escondían los elementos”.

Bullrich y funcionarios observan lo incautado por las fuerzas federales y de justicia

En la conferencia de prensa celebrada en la sede de la Superintendencia de Seguridad Federal, en el barrio porteño de Monserrat, participaron el secretarios de Seguridad, Eugenio Burzaco, el titular de la Unidad de Coordinación General del Ministerio de Seguridad, Gerardo Milman, y el director nacional de Investigaciones, Rodrigo Bonini.

“Con parte del dinero mal habido compraban automóviles y camionetas. Además, iban armados para enfrentar a los controles que disponen las fuerzas federales en las rutas”, subrayó Bullrich. Y añadió: “Incautamos celulares muy viejos, similares a los que secuestramos en Rosario en varias oportunidades: las organizaciones narcos utilizan estos teléfonos antiguos para usarlos una vez y descartarlos rápidamente”.

El megaoperativo “Alijo Guasú” – del guaraní “gran tráfico ilegal de mercancías”- comenzó a partir de un procedimiento de rutina que realizó la Gendarmería Nacional a principios de 2017. En ese entonces, los gendarmes interceptaron un ómnibus de larga distancia sobre la Ruta Nacional N° 12, a la altura de Zárate. Proveniente de la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones, se decomisaron 20 celulares que estaban ocultos en una mochila.

Siguiendo las instrucciones del Ministerio de Seguridad de la Nación, se inició una pesquisa para dar con el origen de los teléfonos. Así, con registros fotográficos, fílmicos, escuchas telefónicas y seguimientos sigilosos, los detectives del departamento Delitos Federales de la Policía Federal determinaron que no se trataba de un hecho aislado sino que, detrás, existía un verdadero entramado criminal.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, enfatizó el hecho de que las fuerzas federales “no detienen la investigación en los pasadores, en los que mueven el dinero de un lugar a otro”. “La cantidad de dinero que hemos incautado y los delincuentes que fueron detenidos son una muestra de que los operativos se realizan hasta las últimas instancias, donde podamos desarticular por completo a las bandas criminales”, expresó.

El “modus operandi”: la organización ingresaba desde Paraguay la mercadería de contrabando, en su mayoría celulares y artículos electrónicos, a través del Puente Internacional  “Tancredo Neves”, cruce fronterizo con Puerto Iguazú. Luego se comercializaban tanto por vía mayorista como minorista, principalmente en la Capital Federal, el Gran Buenos Aires y la provincia de Santa Fe. Lo recaudado por la organización volvía a Paraguay.

Para llevar a cabo todo esto, la banda contaba con una estructura donde los roles estaban bien definidos. La cabecilla se encargaba de administrar la logística, en permanente contacto con los paseros, quienes ingresaban los bienes en micros, autos y camiones, y los transportistas, que solían ser camioneros o conductores de ómnibus de larga distancia.

A su vez, la principal investigada era el nexo con los empleados desleales de la Aduana, responsables de hacer la “vista gorda” durante los controles en los que entraban los artículos del contrabando. El resto de la red delictiva estaba constituida por distribuidores  y comerciantes, último eslabón de la cadena para la venta de los equipos electrónicos a clientes en la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.

Lo incautado producto del trabajo de PFA y Gendarmeria

“Esta organización tenía un mecanismo muy aceitado de distribución y venta en diferentes bocas de expendio. El allanamiento sobre una financiera ubicada sobre la calle Lavalle, en esta ciudad, nos permitió dar cuenta de cómo el dinero volvía hacia Paraguay”, destacó el jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia. Y agregó: “Contamos también con el apoyo de las autoridades de Aduana, que  tomaron conocimiento del hecho y pusieron a los funcionarios desleales a disposición de la justicia”.

Con toda la información recabada, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo de González Charvay, ordenó 30 allanamientos: once en Misiones, repartidos en Eldorado, Posadas y Puerto Iguazú; siete en Capital Federal; siete en las localidades bonaerenses de Junín, Chivilcoy, Arrecifes, Villa Domínico, Temperley y Villa Madero; y cinco en la ciudad de Rosario.

De esta forma, los uniformados arrestaron a 21 miembros de la organización, entre ellos a su líder y a tres funcionarios de Aduana, y secuestraron productos valuados en 85 millones de pesos. Se trata de más de mil celulares, más de 480 computadoras y consolas de videojuegos, cinco máquinas para contar dinero, 4000 fundas para teléfonos móviles, 2000 vidrios templados, 300 cargadores y 320 pantallas táctiles.

Asimismo, se decomisaron 18 autos y camionetas, cinco motocicletas, tres armas de fuego, 120 municiones y dinero en efectivo fruto de las actividades ilegales: casi un millón de pesos, más de 91 mil dólares, más de 13 mil reales, 400 mil guaraníes, 1600 euros y 10 libras esterlinas.

Por último, la ministra Bullrich concluyó que este procedimiento servirá para “cuidar a los que trabajan de manera legal y ayudan al crecimiento del país”. “Estas organizaciones destruyen la economía de muchos negocios que tienen competencia desleal”, dijo.