Bajo el título “El peso mínimo de faena y la hipocresía”, Virginia Buyatti productora agropecuaria en  la localidad de Vera, el norte de la provincia de Santa Fe; expreso su opinión en una nota sobre la reciente resolución por 90 días en la faena de hembras bovinas en  260 kilos, mediante una resolución  que se dio a conocer en la última semana por parte del Ministerio de Agro Industria de Nación

En ese marco la productora santafecina en una nota manifiesto lo siguiente:

Para Noam Chomsky (lingüista y analista social estadounidense) define la hipocresía como la negativa a adoptar en nosotros mismos los valores que aplicamos en otras personas. Se trata de un concepto más amplio que el de la incoherencia entre lo que se dice y aquello que se hace. Refiere a la incongruencia motivada por una conveniencia táctica y producida para acomodar situaciones y adaptarlas de manera oportunista.

A principios de marzo pasado numerosos medios se hacían eco de la entrada en vigencia de las medidas que el gobierno nacional venía analizando, junto a los integrantes de la Mesa de Carnes, con el propósito de transparentar la cadena de ganados y carnes. Se dispuso así que mataderos y frigoríficos que al 1 de marzo de 2018 no hubieran adquirido e instalado los controladores electrónicos de faena, no podrían seguir operando.

El objetivo de tales controladores es permitir la verificación de aquellos datos que hacen a al kilaje, tipificación y categoría de la hacienda faenada, para detectar con mayor precisión –entra otras cuestiones– aquellas medias reses que no superen el peso mínimo de faena de 82,5 kilos en gancho, de manera tal de aplicar una caución de 10.166 por cabeza al infractor.

La normativa en cuestión fue celebrada y avalada por la mayor parte de los integrantes de la Mesa de Carnes, quienes pregonaban por entonces la necesidad de que tal medida sea de efectivo cumplimiento –sin excepción– para todo el universo de establecimientos de faena. También felicitaban a la Subsecretaría (actualmente Dirección) de Control Comercial Agropecuario y la Afip por el excelente diálogo que habían logrado tener con los funcionarios de esas dependencias.

Posterior a ese hecho, en la última reunión de la Mesa realizada el 28 de marzo, se tomó una medida de “coyuntura”, propuesta por dirigentes de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra), para reducir el peso mínimo de faena en terneras, el cual, según comentarios del director de Control Comercial Agropecuario, Marcelo Rossi, comenzaría a regir de manera retroactiva desde el 1 de abril para finalizar el 30 de junio próximo. Adicionalmente, se decidió que a partir de 1 de mayo ninguna planta frigorífica podrá faenar si no cuenta con controladores electrónicos.

No deja de ser al menos curioso que, luego de seis reuniones, la dirigencia sectorial recién haya detectado un problema de coyuntura que ahora atribuyen ¿a la sequía? O quizás cayeron en la cuenta de que lo que viene ingresando a los feedlots –algo que no es por cierto reciente– son terneros de 100 a 140 kilos, los cuales inevitablemente terminan “engrasados”. Este problema, que se exacerbó por una cuestión climática, se origina en realidad por causas económicas y financieras. ¿O acaso nadie se preguntó porque muchos ganaderos prefirieron vender en diciembre pasado terneros de 120 kilos en lugar de asumir el riesgo de recriarlos, engordarlos y venderlos dos años después? Y no estamos hablando de una cuestión de eficiencia productiva, porque, si un productor no fuera eficiente, no podría permanecer en el mercado en las actuales condiciones.

Que no se haya defendido al sector de una prohibición no deja de ser menos curioso que la carencia de proyectos orientados a propiciar el aumento de la producción de carne vacuna por medio de incentivos que contribuyan a incrementar el peso de faena.

Entonces deberíamos preguntarnos: ¿Es necesario mantener una prohibición? ¿O es necesario presentar un proyecto serio, viable y concreto que aliente a producir más kilos de carne por cabeza? Hicieron falta seis reuniones, presididas por el presidente de la Nación, para que la única idea propuesta sea una desgravación fiscal por kilogramos adicionales ganados, medida que no cuenta con el agrado del ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere y hasta se podría decir que con sobrados motivos.

Fueron necesarias seis reuniones cuando, a ciencia cierta, se sabe que el frame, nivel de productividad, etapa de crecimiento, peso mínimo al inicio del engorde, la restricción nutricional previa y la raza hacen a la terminación y engorde de animal; que en lugar de impedir, lo que es más conveniente hacer es fomentar la recría, apoyando al criador para que no se desprenda de su destete en 120/140 kilos, sino que pueda venderlo recriado; que aquel invernador o feedlotero compre esa invernada recriada en 250/350 kilos, según sea el destino final, y termine un animal más pesado, de manera tal que el negocio le resulte rentable a todos.

¿No es tarea del Instituto de Promoción de Carne Vacuna (Ipcva), como organismo que promociona el crecimiento del sector, encarar campañas para alentar al consumo de animales más pesados, crear nuevas necesidades en el consumidor, hacer docencia con el carnicero y explicarle que un animal mayor rinde más al mostrador?

¿A nadie se le ocurrió que el productor no necesita una prohibición para producir más sino que necesita un horizonte de planificación, una política de producción acorde que aliente a la misma con un objetivo en común (producir más con menos) y que su negocio después de un ciclo de tres a cuatro años simplemente sea rentable?

Argentina es el único país de América en el cual los productores agropecuarios no recibimos un apoyo económico del Estado ni contamos con una política de Estado de largo plazo. Aún así seguimos adelante, ante las dificultades que imponen los mercados, el clima y las regulaciones de tres niveles de gobierno. Señores, ¡apláudanos de pie!