A las 5.12 de este miércoles, y con la presencia en el recinto del extitular de la Cámara de Diputados y actual ministro de Economía, Sergio Massa, el oficialismo consiguió aprobar en la votación en general el proyecto de ley de Presupuesto 2023, con 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones. Ahora, se desarrolla la votación en particular de los más de 100 artículos que contiene el texto, con especial atención en los referidos a retenciones e impuesto a las Ganancias para jueces.

El debate de la “ley de leyes” comenzó cerca de las 14 de este martes, luego que el Frente de Todos alcanzara el quórum con la presencia de aliados y un puñado de diputados de la UCR y Evolución Radical.

Tal como se preveía, votaron a favor, en general, el interbloque Provincias Unidas, el interbloque Federal y un grupo de radicales. En la previa, antes de la inclusión de ciertas modificaciones, se pensaba que el interbloque Juntos por el Cambio iba a acompañar en su mayoría y el resultado iba a ser más holgado, pero no resultó así: el Pro se abstuvo y la Coalición Cívica se opuso.

La incorporación de un artículo para que los jueces y funcionarios del Poder Judicial, sea cual sea la fecha en que hayan ingresado, generó la mayor polémica en la recta final, y la advertencia de inconstitucionalidad por parte de los representantes del sector, a la que varios diputados de la oposición se acoplaron.

No solo por esa cuestión, sino por estar en las antípodas de la política económica, tampoco acompañaron el Presupuesto -con distintos argumentos- las dos bancadas de liberales y los legisladores del Frente de Izquierda.

En sus proyecciones macroeconómicas, el primer Presupuesto diseñado por Sergio Massa -quien estuvo en la Cámara baja durante la sesión- prevé un crecimiento del PBI del 2%, con una inflación del 60% y un dólar a 269 pesos en diciembre del año próximo.

Además, el déficit primario proyectado es de 1,9% del PBI, contra el 2,5% previsto para el presente año, en línea con el compromiso tomado con el FMI.

Entre sus principales puntos, durante el debate se incorporó una “cláusula gatillo” por inflación, solicitada por la oposición; se incrementó en 85 mil millones de pesos como “piso” la partida para los subsidios al transporte del interior; y se aumentaron en más de 300 mil millones de pesos distintas partidas para políticas sociales.

Las voces durante el largo debate

Como miembro informante del oficialismo, abrió la discusión el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, quien advirtió que “no se puede volver a dejar al país, no al Gobierno, sin Presupuesto”, en referencia a lo sucedido el año pasado, cuando por primera vez en la historia se rechazó un Presupuesto. Además, negó que se trate de un plan de gastos y recursos que contenga “ajuste” y, por el contrario, lo calificó como “realista” y de “cumplimiento posible”.

También desde el Frente de Todos, el diputado Itai Hagman, defendió los cambios que se dieron al proyecto de modo de que “el ahorro fiscal no recaiga en ninguna política pública que garantiza en la Argentina derechos fundamentales”, y cargó contra la oposición al decir que el programa de “de ajuste drástico de la inversión pública ya se probó en la Argentina y nunca funcionó”.

Artífice de la inclusión del artículo referido a la eliminación de la exención de Ganancias para jueces, el entrerriano Marcelo Casaretto aclaró: “No tocamos las remuneraciones, sí (establecemos) un esquema de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley”. “La idea es avanzar con la redacción tal como la tiene el dictamen, porque llevaría a una situación de equidad tributaria”, agregó.

Luego fue el turno del macrista Luciano Laspina, quien criticó las “prioridades” que se plantean en el proyecto, y habló de una “derrota ideológica para el oficialismo” porque “es el primer presupuesto del kirchnerismo” que contiene recortes. Sin embargo, enfatizó: “No estamos de acuerdo con la naturaleza del ajuste del gasto”.

Desde la UCR, el cordobés Víctor Hugo Romero alertó que la reducción del déficit fiscal que plantea el Presupuesto está basada en dos pilares: un ajuste en la prestación de los servicios sociales, y una disminución en los subsidios energéticos. “Y acá hay una gran diferencia. Hay que trabajar en la eficiencia del gasto, pero fijarse muy bien cuando hacemos la racionalidad del gasto”, dijo en el mismo sentido que su par Laspina y advirtió que “lo único que crece son las transferencias a las empresas del Estado”.

Sobre las proyecciones macro, el secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda observó respecto del tipo de cambio que el mismo se toma como “variable de ajuste para contener la inflación”, lo cual “genera problemas en la balanza comercial, y básicamente impacta en las reservas”.

El presidente del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, anticipó el acompañamiento, pero no sin críticas a algunos puntos del Presupuesto. Sobre ello, se preguntó: “¿Por qué el Poder Ejecutivo insiste para que se le deleguen facultades para fijar retenciones?”. Además, remarcó que este es un Presupuesto que “no escapa al flagelo del ajuste por tener una economía inflacionaria”.

A su turno, el diputado de Juntos Somos Río Negro Luis Di Giacomo justificó su respaldo al Presupuesto aclarando: “No comulgamos con la idea de impedir que el Ejecutivo tenga la posibilidad de llevar adelante el plan de gobierno. En todo caso deberá hacerse de los resultados”, tras lo cual expresó pros y contras del proyecto presentado por el Ejecutivo. Desde ese mismo interbloque, el misionero Diego Sartori coincidió con su colega y destacó la posibilidad de que en su provincia vaya a existir una zona franca, y al respecto adelantó que en el tratamiento en particular pediría la inclusión de un agregado.

Muy puntilloso con los datos, el liberal José Luis Espert alertó que los subsidios “este año van a llegar a casi 15 mil millones de dólares, acumulando desde 2003 la friolera de 165 mil millones de dólares”. Al respecto advirtió que “los grandes beneficiarios de esto no son los argentinos, sino parte del empresariado prebendario, muchos de ellos nombrados en ‘los cuadernos de la corrupción’, beneficiados con quitas que alcanzan a 140 mil millones de pesos, largos planes de pagos por las deudas que contrajeron y no pagaron a tiempo”.

A continuación, Javier Milei alertó que “cuando uno mira los números, el oficialismo dice que no hay ajuste”, pero se preguntó: “¿Cómo es que mejora el resultado primario y financiero?”, y respondió con un tono de voz elevado: “Lo que está diciendo, lo que está gritando es que son casta porque básicamente, mientras se espera una inflación el 60%, el gasto público está aumentando 70% y eso ocurre a pesar del ajustazo sobre el sector privado en lo que tiene que ver con los subsidios a los sectores que se vinculan con el sector energético de la luz y del gas”.

Desde la otra vereda, pero también en contra, Romina del Plá alertó que “una de las cosas que crece enormemente en este presupuesto son los servicios de deuda externa”, y sumó: “Resulta que el ajustazo que estamos sufriendo las y los trabajadores, que están sufriendo los jubilados todo en nombre de resolver el tema del endeudamiento. Esa renegociación de la deuda privada y de los bonos. Sin embargo, no resuelve el tema de la deuda y nos van a llevar a un nuevo default, más tarde o más temprano, y lo dicen ustedes mismos”.

Integrante del Consejo de la Magistratura, Graciela Camaño circunscribió su discurso al tema del artículo referido al pago de Ganancias por parte de los integrantes del Poder Judicial, señalando que “no vamos a vulnerar ningún artículo de la Constitución Nacional o prestarnos a la picardía de algún bloque o diputado”, y concluyó: “El tema está resuelto nosotros. Nos vamos a seguir basando en el artículo 100 de la Constitución”, con relación a que no aceptará la modificación para que todos los jueces paguen el impuesto a las ganancias.

Por el Frente de Izquierda, la diputada Myriam Bregman consideró que “la foto de este presupuesto es clara, lo único que crece en forma considerable es el pago de intereses de la deuda. Lo único que se mantiene a rajatabla, son los beneficios que le dan a esos sectores del poder económico. Todo lo demás baja”.

En su intervención, la diputada de Evolución Radical Danya Tavela consideró que “este Presupuesto evidencia que no hay un plan económico que lo sustente”, pero “en un año electoral (como será el 2023), que de por sí genera muchísima incertidumbre en cada uno de nosotros, reducir la incertidumbre y la discrecionalidad a la que se somete la gestión en todos sus niveles cuando hay un Presupuesto reconducido para nosotros es algo importante”, de modo de “evitar las prebendas y el disciplinamiento político”.

Además, valoró que “a diferencia del año anterior fue mucho más amplia y participativa la discusión del Presupuesto” y enumeró algunas de las incorporaciones que lograron desde su espacio, como “la deducción especial en Ganancias por gastos educativos” de modo de llevar un “alivio a los trabajadores” y “cambiar el concepto de la educación de gasto a inversión”.

Decididamente en contra del proyecto, Ricardo López Murphy argumentó que el mismo “tiene un marco macroeconómico altamente inadecuado y una estrategia inviable”.

“Se hacen proyecciones sobre el sector externo muy fantasiosas con una falta de realismo que impide un debate inteligente en los dilemas que enfrentamos”, dijo al referirse que el proyecto plantea una inflación del 60 por ciento y un dólar a 269 pesos.

En su discurso, la diputada Paula Oliveto afirmó que “este Presupuesto tiene suba de impuestos”. Además, sobre el artículo referido a las facultades del Ejecutivo sobre retenciones, lanzó: “Nos piden que nosotros confiemos en la voluntad de Massa para subir o no subir derechos de exportación. La verdad, presidente, la Coalición Cívica no cree en Massa y no le daríamos jamás un cheque en blanco a Massa para que haga con el campo lo que quiera”.

Una de las voces esperadas era la de la diputada oficialista Vanesa Siley respecto a los artículos que proponen que el Poder Judicial pague Ganancias, ya que es secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales y, al respecto, aclaró: “Yo no voy a defender a los jueces, nunca los he defendido, yo defiendo trabajadores y trabajadoras desde hace muchísimo tiempo. Cuando hablamos del universo imponible Poder Judicial tenemos que distinguir que ahí adentro hay trabajadores”.

A su vez, remarcó: “No hay que considerar nunca más que el salario es ganancia y que los jueces se arreglen solitos, pero nosotros no podemos fallarle a los nuestros, no podemos tocarles el bolsillo a los trabajadores”.

Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) cuestionó el proyecto afirmando que “este es un presupuesto que esconde una falta de austeridad con los gastos discrecionales y superfluos. Que además ajusta áreas estratégicas para el desarrollo de nuestro país, en una simulación de cumplimiento de la meta del déficit pautada con el FMI”.

Desde el Pro, la cordobesa Laura Rodríguez Machado rechazó el proyecto afirmando que “parece serio, por fuera, pero es el Caballo de Troya del kirchnerismo”, y agregó que los números del presupuesto “están dibujados”, pero sostuvo que es una constante del oficialismo “querer gobernar con superpoderes para poder beneficiar a sus amigos y perjudicar a quienes piensan distinto”.

Palabra autorizada en la materia, el diputado Pablo Tonelli considero que “el tema de ganancias y jueces está resuelto desde el 2016”, al mencionar a la ley que reglamenta que aquellos jueces y magistrados que hayan sido designados a partir del primero de enero de 2017 debían pagar el impuesto a las ganancias. “Eso ocurrió porque hay 180 de 780 magistrados en actividad que pagan el impuesto en la actualidad”, subrayó.

En esa línea, agregó que “hay una valla que es el artículo 110 de la Constitución que impide reducir remuneraciones a jueces”, y explicó que hablaba de “la llamada intangibilidad de las remuneraciones”.

La diputada nacional Jimena Latorre mencionó la gravedad del artículo 89 que hace referencia a la refinanciación de la deuda de las distribuidoras eléctricas con CAMMESA y que asciende a 455 mil millones de pesos y señaló: “La propuesta de este presupuesto es que esa deuda (que en un 50% corresponden a Edenor y Edesur) sea solidariamente asumida por los Estados provinciales”. Agregó: “¿Y qué ha hecho la S.A. para cobrar sus acreencias? Nada, pero se me ocurre que podría pedir la ejecución del contrato, solicitar medidas cautelares para garantizar sus acreencias, antes de plantear extender ilegalmente la deuda a los Estados provinciales”.

El mendocino Julio Cobos propuso incorporar una modificación para aumentar la deducción de ganancias de los créditos hipotecarios. “El artículo 85 de la ley de Impuesto a las Ganancias dice en el tercer párrafo que se puede devengar los intereses bancario e hipotecario hasta la suma de 20.000 pesos. Esto data del 2001, es decir 20.000 dólares, si lo actualizamos hoy son 3 millones de pesos. Si lo analizamos por la inflación, que ha sido el 10.000% desde entonces, serían 2 millones de pesos. Lo que podemos fijar al menos como pauta razonable, que sea una cifra equivalente al mínimo no imponible que está en 330.000 pesos y guarda relación con un crédito mínimo que hoy paga una cuota de 60.000 y le serviría por lo menos para morigerar los efectos del crédito e incentivar el crédito. Le pido al presidente de la Comisión de Presupuesto que evalúe esta posibilidad de incorporar la modificación para actualizar ese importe”.

Para la diputada Silvia Lospennato, “este presupuesto es un buen ejemplo del corporativismo argentino, o de cómo los grupos de poder se apropian de los recursos del Estado para su uso y goce. Este es un Presupuesto corporativo que garantice negocios para unos pocos, que carga el ajuste en la clase media y que premia a los amigos del poder”.

También sostuvo que es “un presupuesto que les da la espalda a los niños y a los ancianos. Desinvierte en educación y no compensa a los jubilados que desde que se aplica la ley de este Gobierno, no paran de perder frente a la inflación. En este presupuesto se pretende que se delegue al Poder Ejecutivo la facultad para crear nuevas zonas aduaneras especiales. Sin decir cuántas, o dónde, sin decir para beneficiar a qué empresas”.

Respecto a los derechos de exportación, incluidos en el artículo 95, el diputado Ricardo Buryaile sostuvo que “los derechos de exportación son un pésimo impuesto, y de un tiempo a esta parte se han estigmatizado. Entonces ya no se toma como una herramienta tributaria, de desacople de precios, sino que es la estigmatización: si no querés retenciones tenés tal o cual calificativo”

“Lo que pasa con las retenciones es que perdemos tecnología, hay fuga de capital privado. Veamos lo que pasea en los países de alrededor: Brasil en los últimos 10 años ha crecido el 100% en la cosecha de soja, mientras que Argentina cayó el 30% y tenemos capacidad ociosa en la industria aceitera, la más importante del mundo”, agregó el exministro de Agroindustria.

Respecto al debate sobre Ganancias, el oficialista Rodolfo Tailhade se refirió a los artículos 100 y 101 del dictamen, sobre la obligación de magistrados, funcionarios y trabajadores del Poder Judicial de pagar el impuesto a las Ganancias, y consideró que “las declaraciones juradas de los jueces de la Corte son una vergüenza, un bochorno”, y dio detalles específicos de algunas de ellas.

Ramiro Gutiérrez se refirió por su parte al artículo que crea una tasa extra en los pasajes aéreos, tanto de cabotaje como internacionales, para financiar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Destacó que el objetivo de esa tasa es “el mantenimiento, la conservación y la actualización del equipamiento, no solo para la optimización de las infraestructuras, sino también para los métodos operativos con los que trabaja la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y con una limitante: no pueden ser aplicados para la contratación de personal que realice tareas que le incumben o desarrolla la institución”.

Por su parte, el diputado del Pro Fernando Iglesias arrancó irónico: “Voy a sorprenderlos a todos, voy a defender al peronismo. Voy a hacerles un reconocimiento. Es falso eso que dicen que el peronismo nunca ajustó. Es más, los mayores ajustadores de la historia argentina fueron, y son ustedes. Dígalo conmigo, el diputado guevarista banquero, ajuste. En 1975 y en 2002 los dos ajustes más grandes”.

“Las locuras de la década saqueada kirchnerista la estamos pagando hoy, con un ajuste. Así que bienvenidos al ajuste compañeros. Es el plan de Massa, el plan PTM. Poco, tarde y mal. Y el único objetivo es pasarle la bomba de tiempo al próximo Gobierno, como le pasaron a De la Rua y explotó, y como le pasaron a Macri, que no reeligió, pero terminó el mandato, para disgusto del club del helicóptero”, planteó Iglesias.

El fueguino Héctor Stefani se refirió al intento de eliminación de la Ley 19.640, el régimen fiscal fueguino: “Lamentablemente la Argentina es un país que sufre de macrocefalia, tiene en cuatro provincias aglutinada mucha población, y la única ley que hizo que se distribuya un poco más equitativamente ese desarrollo humano, es la Ley 19.640, una de las pocas políticas públicas que tiene la Argentina que hace cinco décadas que se aplica, que reduciendo impuestos generó que empresarios vayan a vivir a Tierra del Fuego, y eso con la seguridad jurídica, generó trabajo que con tanta falta le hace a la República Argentina”.

“Hemos escuchado todo tipo de adjetivos sobre el proyecto, yo le agregaría ‘invotable’. Pero no invotable en el sentido como de que, como suele ocurrir, quienes no somos oficialismo vemos las políticas de quienes sí lo son como políticas que no acompañaríamos. Eso es de sentido común, pero yo diría que este es un proyecto invotable incluso para el propio oficialismo. Que reconocen cada vez que uno tiene la posibilidad de hablar francamente, de que la situación del país es inviable. Y este es un presupuesto que lo que hace es tirar la pelota para adelante”, sostuvo el diputado del Pro Francisco Sánchez.

La misionera oficialista María Cristina Britez se refirió al artículo 126 que faculta al Ministerio de Economía Áreas Aduaneras Especiales. “Nosotros los misioneros vemos con mucho optimismo y mucha esperanza este artículo 126. Ojalá esta vez estas buenas intenciones vayan atados a hechos concretos y positivos y no como la última vez”, enfatizó, remarcando que en su provincia “se está generando mucha expectativa en relación a este artículo, y si después nosotros no cumplimos con nuestra promesa, eso genera frustración, confusión en la ciudadanía. Y eso es grave, serio y peligroso. Se degrada el poder de la palabra. Se pone en tela de juicio la legitimidad del accionar de los políticos. Que en definitiva es la única herramienta que tenemos para transformar para bien la realidad de los argentinos”.