El proyecto de ley que apunta a crear el Régimen de fomento al desarrollo Agroindustrial, Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador, presentado recientemente por legisladores del oficialismo y basado en el enviado por el Poder Ejecutivo en 2021, busca promover el incremento de la inversión e incentivos fiscales para las pymes y micropymes del sector y el empleo; impulsar la producción y la competitividad de los distintos sectores que forman parte de las cadenas agroindustriales; entre otros puntos destacados.

Como miembro informante, Casaretto, titular de Industria, informó que la iniciativa original perdió estado parlamentario el pasado 28 de febrero de 2023 y que desde el Frente de Todos presentaron nuevamente la norma que refleja “el proyecto original más las incorporaciones de este trabajo a lo largo de un año y medio, siendo un avance muy importante”, explicó. Al respecto, agregó: “Hemos recibido notas de 60 entidades vinculadas al sector productivo que piden esta ley”.

Al referirse a los principales cambios que tiene el nuevo proyecto, Casaretto detalló que “ahora tiene una vigencia de diez años de plazo de vigencia, se busca desburocratizar el proceso con la ventanilla única digital, para facilitar el acceso de parte de los productores agroindustriales y sacar tantos registros adicionales que generaran obstáculos a la inversión”.

Sobre la financiación de los programas, el titular de Industria señaló que “quisimos garantizar un piso mínimo en función de los niveles de actividad y de exportaciones del sector”. Es por ello, que se establece una asignación presupuestaria, mediante la ley de presupuesto, donde en el párrafo final se refiere a que no podrá ser inferior al 0,15% de la suma del valor de las exportaciones de productos primarios y de manufacturas de origen agropecuario en el año calendario anterior.

Casaretto anunció otro agregado al proyecto, en el artículo 14, que refiere a la promoción del empleo. “Por los nuevos empleados que se incorporen a partir del régimen habrá una deducción del 50% de las contribuciones patronales a cargo del empleador por un período no inferior a dos años, que se puede elevar al 100% de los aportes en el caso de las micro y pequeñas empresas agropecuarias e industriales”, especificó. También, se incorporan beneficios para la promoción de las exportaciones con valor agregado.

En el mismo sentido, Buryaile aclaró que se busca “incluir todas las inversiones que existan en la empresa agropecuaria y todo lo que sea necesario para conservar, mantener y generar las ganancias gravadas”. En otro orden, catalogó como una “buena decisión” haber acordado la eliminación de “la imprevisión de cuál va a ser el peso de faena que va a determinar la secretaria el año que viene y, además, entender que no siempre una suba del peso significa un aumento del valor de la producción”.

Luego, a la hora del debate entre los legisladores, se realizaron diversos aportes que serán analizados para intentar alcanzar un texto unificado y poder dictaminar en las próximas reuniones.