Tuvo idas y vueltas, intentos varios para cajonear la causa y arreglos convenientes… pero finalmente, el próximo 5 de marzo, podrá conocerse con mayores detalles qué fue lo que pasó el IOMA. En Tribunales, comenzará a ventilarse la causa seguida por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública a nueve personas que fueron imputadas.

Subirán al estrado: Miriam Gómez (pareja de Lalo Pirani), Pablo Sebastián Schumann; Patricia Estela Blaiota; José Luis Carlisi; Mario César Villanueva; Jorge Antonio Pesce y Oscar Mario Zazzali, durante marzo. En abril será el turno de Eugenio Eduardo Pirani y Gustavo Ismael Crivella.

El expediente judicial los califica como “un grupo de personas mayores de edad, revistiendo condición de funcionarios públicos del IOMA”, que se valieron de una estructura comercial para interesarse en “contratos o negociaciones en los que debían intervenir en razón de sus cargos”.

Hace ya casi dos años, afiliados y profesionales que prestan servicio a la obra social denunciaron irregularidades, por lo cual se terminó allanando la sede de IOMA Junín, en Quintana y Avenida San Martín, y la casa quinta del dirigente local de UPCN denunciado, Eugenio “Lalo” Pirani, quien cumplía funciones como delegado y director regional, en lo que significó el arranque de la causa judicial.

Sin embargo, por conexiones entre el poderoso abogado de la mayoría de los acusados, Darío De Ciervo, y el fiscal general Juan Manuel Mastrorilli, la causa quedó totalmente paralizada y se apostó a su caída definitiva.

Primero, las actuaciones judiciales habían caído en manos de la fiscal Vanina Lisazo, hasta que fue a parar bajo el ala de Mirta Monclá y Esteban Pedernera. Este último hubiese tenido que excusarse, ya que su madre trabaja en IOMA. Entre todos, durmieron la causa. La denuncia de SEMANARIO (sábado 3 de febrero 2018) la volvió a sacar a la luz.

EL DELITO

El ex director regional Junín de IOMA, Oscar Zazzali, su cónyuge Patricia Blaiotta, junto a Eugenio Pirani, Gustavo Crivella (médico auditor), y la participación de José Carlisi, Mario Villanueva, Guillermo Serritella, Miriam Gómez y Pablo Schumann, conformaron la HESTIA S.R.L.,  con el objeto de prestar servicios de salud, entre ellos, la explotación comercial de las internaciones domiciliarias.

A través de la misma y como funcionarios de la obra social bonaerense, lograban captar pacientes afiliados en un número que se incrementó en forma abrupta, en perjuicio de empresas competidoras.

Además, en la presentación judicial en la que se cita a indagatoria, se detallan las maniobras no sólo a nivel local sino además en IOMA central, donde hacían valer “sus contactos internos para las autorización y posterior liquidación de pagos”.

REMOVIENDO EL AVISPERO

Todo parecía marchar sobre ruedas para Pirani, hasta que el presidente del Sindicato Único de Profesionales, Trabajadores y Técnicos del IOMA (Supttioma), Idelmar Seillant, se comunicó con Julio Conte Grand, procurador general bonaerense, para exponerle la grave situación.

Delante de él, el funcionario judicial llamó al fiscal general del Departamento Judicial de Junín, Juan Manuel Mastrorilli, para preguntarle por qué no avanzaba la causa. A raíz de eso, prorrogaron la posibilidad de accionar por sesenta días. Desde La Plata esperaban que la justicia en Junín se moviese con rapidez, pero lejos estaban de tal precisión. Hasta que se “avivaron” y contrataron al abogado juninense Fernando Ojeda para que se haga cargo.

De todos modos, ahora los nueve imputados deberán sentarse en el banquillo de los acusados.

Imputados

Los imputados en la causa son el ex director de Región IOMA Junín, Oscar Zazzali; el ex jefe de departamento de Región Junín, Eugenio Eduardo Pirani; los médicos auditores Jorge Pesce y Gustavo Crivella, y los empleados de IOMA Claudia Denti, Diego Pirani y Jorgelina Pirani. También revisten tal condición judicial Miriam Gómez (pareja de Pirani) y el hijo del dirigente de UPCN, Fernando Pirani.

La causa

En la maniobra delictiva denunciada y que debió haberse investigado en la Justicia, se encuentran imputados directivos de la obra social y representantes de empresas prestatarias, por los delitos de asociación ilícita, estafa y enriquecimiento ilícito, entre otros.

Las empresas en la mira se dedicaban a internaciones domiciliarias, nutrición domiciliaria, tratamiento de kinesiología domiciliaria e internaciones de salud  mental. Entre las irregularidades detectadas aparece la facturación de tratamientos a personas fallecidas y a afiliados que no habían solicitado ninguna prestación.

Asimismo, se sospechó que se falsificaba documentación a los efectos de sobrefacturar autorizándose tratamientos y provisiones de alto costo: prótesis, medicación, insumos, sin que lleguen a destino.

Fuente: Semanario de Junin