La Asociación de Instituciones Educativas Privadas de Buenos Aires (AIEPBA) confirmó este martes que el gobierno de la Provincia autorizó un nuevo incremento en el valor de las cuotas que deben cobrar los colegios en septiembre, aunque el comunicado subrayó que la medida llegó cuando todos los colegios ya cobraron el mes en curso.

El nuevo aumento es de un 5,4% sobre la cuota de agosto y a esto debe sumarse una autorización previa realizada por el gobierno bonaerense del 9%. Por lo tanto, los centros educativos privados podrán cobrar hasta un 14.4% más que en agosto.

“La decisión llega tarde porque la gran mayoría de los establecimientos ya envió a los padres de los alumnos la cuota arancelaria correspondiente a septiembre. Por lo tanto, esto provocará un trastorno administrativo porque habrá que agregarlo a la liquidación del próximo mes. Además, otra vez el permiso de mejora en los aranceles queda debajo del aumento de los costos salariales que deben afrontar los institutos”, dijo el Secretario Ejecutivo de AIEPBA, Martín Zurita.

Según las estimaciones que hizo la entidad que agrupa a más de 2.300 centros de enseñanza de todos los niveles en Buenos Aires, con esta autorización en lo que va del año los aranceles subirán un 93% mientras que el costo salarial se incrementó entre un 103 y un 104% según las categorías docentes. Quiere decir que en los primeros 9 meses de 2023 hubo una distorsión de más de 10% entre ambas variables.

“Cada vez se amplía más la brecha entre lo que pueden cobrar los colegios y los incrementos en costos salariales. Entre lo que no se pudo recuperar de 2023 y el acumulado del 2022, la pérdida de capacidad de financiación por cuota mensual está un 27% por debajo del costo que tienen que afrontar los colegios para pagar los haberes de maestros y profesores”, explicó Zurita.

AIEPBA viene manifestando la crítica situación que atraviesa el sistema de enseñanza de gestión privada por estas distorsiones que se han acumulado en los últimos años. Las entidades arrastran una compleja situación desde la pandemia de Covid, donde muchos propietarios y administradores tuvieron que tomar deudas y créditos para seguir funcionando.

La institución que agrupa a la gran mayoría de los colegios cuestionó medidas oficiales como la inclusión de los colegios en el programa de Precios Justos (febrero de este año) y también a la decisión unilateral e inconsulta de obligar a todos los establecimientos a pagar el bono de 60 mil pesos dispuesta por el Ministerio de Economía. (DIB) ACR

Advirtió sobre la situación extrema de por lo menos 30 colegios que están en “serio riesgo” de cerrar y suspender la prestación de los servicios educativos por imposibilidad económica de afrontar los costos.