Alberto Fernández declaró “servicios públicos” a los servicios de telefonía móvil, Internet y TV paga a través de un DNU y desde entonces no han parado de llover las críticas. Uno de los últimos que se pronunciaron fue el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, IDEA, que en las últimas ahora se mostró en contra del decreto y añadieron: «Argentina necesita de reglas claras y previsibilidad para crecer». 

A la ola de críticas, ahora se le sumó también el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), que en su informe de este domingo 30/08, hicieron comparaciones con otras medidas similares que dejan ver que lo que generaron fue que el servicio empeorará considerablemente.

En esa línea, sobre el DNU dijeron: «El Estado regulará una prestación básica universal y obligatoria y controlará los precios. En simultáneo, se estableció un congelamiento de tarifas de estos servicios más los de televisión por cable hasta diciembre», arranca el informe.

«Dada la importancia cada vez más estratégica de la conectividad digital es pertinente categorizarla como un servicio esencial para aumentar la calidad y la accesibilidad», siguió el informe, pero añadieron que para lograr este objetivo «es fundamental tener mucho cuidado en el diseño de las regulaciones y el profesionalismo y transparencia en su aplicación».

«Distinto es el caso cuando las intervenciones buscan usar las tarifas con fines antiinflacionarios. Un caso paradigmático es la manipulación de las tarifas eléctricas para contener la inflación y aparentar benevolencia con los presupuestos familiares», añadieron.

En ese contexto, IDESA tomó como ejemplo las intervenciones del Estado nacional sobre el servicio de electricidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en el período 2003 – 2015, y en ese sentido las catalogaron como «muy aleccionadoras» 

Así las cosas, en el informe de Idesa se detalla que según datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) se observa:

• Las tarifas residenciales se ajustaron, en este período, en un 36% lo que implicó una licuación del 86% en términos reales por efecto de la inflación.
• Los subsidios del Estado nacional a las empresas eléctricas para compensar por este atraso tarifario pasaron de cero a $511 mil millones por año a precios actuales.
• Los reclamos de los usuarios pasaron de 56 a 1.889 por día.

Y con estos datos, Idesa consideró:

«Estos datos muestran que el atraso tarifario conlleva al deterioro en la calidad de los servicios y a la utilización de fondos públicos para subsidiarlos. La razón es que cuando el Estado impone una tarifa artificialmente baja, las empresas naturalmente tienden a compensar recortando el plan de inversiones lo que deteriora la calidad del servicio  aumentando los reclamos y las presiones por subsidios», dijeron los expertos.

Y añadieron: «Los subsidios no resuelven el problema porque las empresas prestatarias pasan a poner más energía en congraciarse con el burócrata que los reparte que en darle buenos servicios a sus clientes».

En ese orden, desde Idesa consideran que la política de subsidios a los servicios de electricidad ofrece varias enseñanzas.

«La primera es que manipular tarifas es un pésimo instrumento para controlar la inflación», indicaron. Y siguieron: «Puede moderar transitoriamente el aumento en el nivel general de los precios, pero en algún momento llega el sinceramiento». 

Los expertos de Idesa explicaron que esto resulta «traumático» porque trae aumentos atrasados acumulados y porque los usuarios se acostumbran y se organizan en función de las tarifas artificialmente bajas. Pero, además, como la falta de inversiones pone en riesgo la continuidad de los servicios, «el Estado termina otorgando subsidios que se financian con más emisión monetaria lo que, tarde o temprano, se traduce en más inflación», advierten.

«Pero además de su efecto inflacionario, la manipulación de las tarifas deteriora la calidad de los servicios. El explosivo aumento en los reclamos de los usuarios con los controles sobre las tarifas de electricidad en el período 2003 – 2015 es muy contundente», describieron desde el Instituto.

Y agregaron: «En el 2018 hubo menos reclamos por cortes de electricidad, pero seguían siendo altos en el orden de los 1.503 diarios».

«Resulta muy pertinente plantear una “Argentina Digital” como se denomina el decreto. Pero, como lo demuestra la experiencia en el sector eléctrico, manipulando tarifas los resultados serán los contrarios», lamentan desde Idesa.

En es línea, los expertos recomendaron que «en lugar de desalentar las inversiones» es fundamental promoverlas para que, por ejemplo, la mitad de los hogares pobres que no tiene conexión a internet la tengan o las empresas que exportan servicios digitales amplíen su capacidad para generar divisas.

«Esto se logra con regulaciones que aumenten la competencia, la transparencia en el mercado y la protección al consumidor. Si hay subsidios, usarlos para dar conectividad a las familias pobres en lugar de congelar tarifas para que los porteños tengan internet y servicio de celular más baratos, como ocurre con la luz, el gas y el transporte urbano», cierra el informe.