Desde el Partido justicialista de Nueve de julio apoyamos y celebramos que el Gobierno haya declarado Servicio Público a la telefonía móvil, a la TV paga e internet, también adherimos plenamente en la decisión de congelar las  tarifas de los servicios mencionados. De este modo repone y amplía lo establecido en la ley Argentina Digital de 2014, que derogó parcialmente el ex presidente Macri.

Con la decisión adoptada, habrá una prestación básica universal obligatoria que deben brindar las prestadoras  en condiciones de igualdad. También deberán pedir autorización para aumentar tarifas, presentando el esquema de costos que lo justifiquen. La declaración como servicios públicos a la telefonía celular e internet no significa que el Gobierno fije tarifas, sino que los aumentos no volverán a ser unilaterales.

En Argentina, la luz, el gas, el agua y la telefonía fija son considerados servicios públicos esenciales desde hace mucho tiempo. ¿Quién duda que hoy el acceso a los servicios de internet, TV paga y telefonía móvil también lo sean?

La medida beneficia a la ciudadanía de todas y todos los argentinos. Reconoce que el acceso a celulares e internet son parte del derecho a la educación y a la información, y son pilar fundamental para la construcción del desarrollo económico con justicia social. Es función del Estado regular actividades importantes para el conjunto de la población, como sucede en el mundo, para que estos servicios considerados esenciales  esten al alcance de la mayor cantidad de argentinos, sobre todo de los vulnerables.

El Presidente indicó que la educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y a la comunicación «son derechos básicos que debemos preservar» y que «haya planes inclusivos de prestación básica, universal y obligatoria para quienes menos tienen». Sin conectividad a Internet no hay desarrollo industrial ni económico posible.

El servicio de telefonía móvil encabeza reclamos en todas las jurisdicciones de Defensa al Consumidor a nivel país.  En el país hay más de 60 millones de teléfonos celulares. Es justo que por su alcance territorial y social, la telefonía móvil sea declarada como servicio público. Lo mismo debe suceder con el gas envasado, como ocurre con el gas en red, que beneficia a millones de familias que no cuentan con gas natural en todo el país.

La declaración de servicio público terminara con la aplicación de tarifazos como los que hizo el gobierno anterior, y  se complementará con programas de inversión estatal. El Estado aprobó 3800 millones de pesos para llevar internet de calidad a barrios populares, escuelas, instituciones de salud y de seguridad. Otra, de 3000 millones se dedicará a renovar las placas de la red federal de fibra óptica.