Un rayo no cae nunca dos veces en el mismo lugar, canta un artista. Las brujas no existen, pero que las hay…las hay, pregonan los más sugestionables. Las casualidades tampoco existen. Sin embargo, llamativamente, un campo parece que se puede incendiar dos veces en el mismo lugar en menos de tres meses. No se trata ni de magia ni de brujería, subraya la Confederacion de Asociaciones Rurales de Argentina (CRA), al referirse sobre un nuevo incendio en el campo del vice presidente de la entidad, en la provincia de Cordoba.

Desaprensión, desidia, falta de educación o simple ignorancia. A nadie se le ocurriría arrojar un cigarrillo encendido entre las sábanas del lecho conyugal o dentro de un tanque de combustible. Pero parece que sí en la banquina sucia y descuidada de una ruta, desde la ventanilla de un vehículo, junto a un campo. A ninguno parecen importarle los daños que puedan sufrir los productores de alimentos. El Gobierno Nacional no hace nada por reivindicar el valor que la actividad productiva agropecuaria tiene para el país y la sociedad en su conjunto. Sólo le interesa asfixiarla y exprimirla fiscalmente para hacerse de recursos genuinos que el Estado es incapaz de generar, pero eficaz y certero a la hora de su despilfarro sistemático y grosero.

A los repetidos ataques a silobolsas y los incendios intencionales que vienen padeciendo los productores agropecuarios en la Argentina se le deben sumar los «descuidos accidentales» que producen cuantiosos perjuicios económicos y ambientales, daños de los que nadie se hace cargo.

Mención y reconocimiento aparte merecen los bomberos voluntarios, cientos de héroes anónimos y desinteresados que ponen en riesgo su vida por amor a su vocación de servicio a la comunidad. La inmensa mayoría de servidores públicos que congestionan despachos y oficinas de todos los niveles de gobierno deberían imitarlos.

Mientras tanto, los proyectos legislativos para condenar los hechos de vandalismo agropecuario continúan demorados, a la espera de resolución de una agenda que parece sólo abocada a resolver las urgencias de una reforma judicial planteada a la medida del poder de turno. Extraña confusión de roles: ciudadanos soberanos devenidos en súbditos de un poder vicepresidencialista caprichosamente autoritario que ha encontrado en la crisis sanitaria el pretexto perfecto para avanzar despiadadamente sobre libertades individuales y arremeter contra las instituciones republicanas en un desesperado intento por garantizar su impunidad. Todas las demás verdaderas urgencias, pobreza, inseguridad, crisis económica, inflación, déficit fiscal y un largo etcétera deben esperar. Las causas judiciales apremian y la búsqueda de impunidad aparece como impostergable.

Se pregonan el aumento de las exportaciones y la generación de nuevos puestos de trabajo, música para los oídos distraídos de circunstanciales destinatarios de vacíos discursos tribuneros, pero nada se dice sobre cómo proteger al productor primario, eslabón fundamental sobre el que se nutre todo el resto de la cadena agroindustrial.

Más temprano que tarde, todos los sectores, públicos y privados, deberán sentarse a discutir en serio un modelo de país sustentable e inclusivo, sin espacio para corruptos ni oportunistas.