En los últimos seis años –la Ley de Bosques comenzó a regir de manera efectiva en 2010– el gobierno nacional debería haber transferido a las provincias compensaciones ambientales por al menos 14.750 millones de pesos (M/$). Pero apenas desembolsó 1239 M/$.

Es decir: si se suman las asignaciones correspondientes a los seis años comprendidos entre 2010 y 2015, puede advertirse que en ese período el gobierno nacional se apropió de 13.510 millones de pesos pertenecientes a las provincias. Los datos surgen del último informe de estado de implementación de la Ley 26.331 publicado por la Dirección de Bosques de la Nación.

La Ley 26.331 (“Ley de Bosques”) dispone la creación de un Fondo de Conservación de los Bosques Nativos, cuyo propósito es compensar a las provincias y a los propietarios de campos que, debido al ordenamiento territorial establecido en cada jurisdicción, no puedan poner en producción el territorio en cuestión.

Dicho fondo –según lo determina la Ley de Bosques– debe ser integrado por partidas anuales que “no podrán ser inferiores al 0,3% del Presupuesto Nacional” y por “el 2,0% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”.

El gobierno nacional violó de manera sistemática lo determinado por la Ley 26.331 al establecer compensaciones ambientales muy inferiores a las correspondientes (para el ejercicio 2015 se presupuestaron apenas 246 millones de pesos cuando deberían haber sido al menos 4850 millones).

En el período 2010-2014 las provincias más favorecidas en el reparto de fondos ambientales fueron La Pampa, Mendoza y San Juan con 616, 384 y 327 pesos por hectárea no transformable ni utilizable (categoría I) respectivamente.

Las provincias más perjudicadas por el régimen fueron Córdoba y Santa Fe al recibir en el quinquenio 2010-2014 compensaciones por apenas 5 y 7 pesos por hectárea respectivamente.

Las provincias de Salta, Tucumán y Santiago del Estero, que en conjunto contienen 2,86 millones de hectáreas en conservación, recibieron apenas 105, 43 y 135 pesos por hectárea categoría I respectivamente.