En ese sentido, el Tribunal afirmó que “la sola lectura” del acta y “la sencilla sumatoria de los votos” permiten advertir “en palmaria evidencia” que no se habría alcanzado la mayoría constitucional exigida.

La resolución además remarca que el presunto defecto “se sitúa en el origen mismo de las normas impugnadas”.

Inicialmente, el alcance del fallo incluía únicamente a los demandantes – por los concejales opositores- ya que los jueces opinaron que “no pueden ejercer procesalmente la representación de los habitantes de su circunscripción electoral”.

La decisión judicial llega luego de meses tensión política y cuestionamientos sobre el incremento de tasas municipales impulsado por el Ejecutivo local, especialmente por la incorporación de la nueva Tasa de Salud, uno de los puntos más discutidos del paquete tributario aprobado a fin de año.

Como consecuencia de la cautelar, las ordenanzas quedaron suspendidas provisoriamente para los actores hasta que exista una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad del procedimiento.

En términos prácticos, la Corte dispuso que la nueva Tasa de Salud creada por la Ordenanza 10.867 resulte “inexigible” para los demandantes mientras dure la medida.

Además, el resto de los tributos municipales alcanzados por la controversia volverán a regirse por las ordenanzas vigentes antes de la Asamblea del 30 de diciembre de 2025.

El Tribunal aclaró igualmente que la medida no implica todavía una decisión definitiva sobre el fondo del asunto, aunque sí reconoció que el cuestionamiento presenta “suficiente gravedad constitucional” como para justificar la suspensión inmediata de las normas.