El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, oficializó la finalización del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI) mediante la Resolución 55/2026, una medida que marca un cambio estructural en el esquema de financiamiento del sector y redefine el rol de los organismos involucrados.

La decisión establece el cierre formal del programa impulsado por la Corporación Vitivinícola Argentina, que había sido concebido con horizonte al año 2020, y dispone un plazo de tres meses para completar su proceso administrativo, incluyendo la presentación de un informe final con rendición de cuentas y evaluación de resultados.

Fin de un ciclo y cambios en el financiamiento

Uno de los puntos centrales de la resolución es la eliminación de las contribuciones obligatorias que debían realizar los establecimientos vitivinícolas, previstas en la Ley 25.849. Estos aportes financiaban las acciones del PEVI y su continuidad había sido prorrogada en los últimos años a través de distintas resoluciones de la COVIAR. Con la nueva normativa, el Gobierno considera cumplido el objetivo del plan y determina que dichas contribuciones pierden su razón de ser. En consecuencia, también se ordena al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) cesar la recaudación de estos fondos de manera inmediata. Además, los recursos remanentes que no hayan sido ejecutados al momento del cierre serán transferidos al patrimonio del INV, organismo que continuará con funciones de control y fiscalización del sector vitivinícola.

Repuesta de Coviar

La Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) manifiesta su rechazo por improcedente, inconsulta e inoportuna a la Resolución 55/2026, publicada en el Boletín Oficial, de la Secretaría de Agricultura de la Nación por la que resolvió el cierre definitivo del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) y la eliminación de las contribuciones obligatorias. Las cámaras empresarias que integran COVIAR alertan sobre el impacto negativo que esto traerá a la vitivinicultura argentina, en el actual contexto de crisis económica, y anticipan que llamarán con urgencia a una reunión de Directorio para definir los pasos a seguir con el objetivo de defender la institucionalidad del sector y la vigencia de una planificación estratégica que se viene sosteniendo desde hace más de dos décadas.

Lamentamos profundamente la decisión adoptada por la Secretaría de Agricultura de la Nación porque se aparta de los principios de legalidad, previsibilidad e institucionalidad que deben regir la relación entre el Estado y los sectores productivos, entendiendo que la misma excede las competencias y atribuciones de la autoridad administrativa, al introducir modificaciones sustanciales sobre un régimen establecido por ley.

Manifestamos nuestro rechazo a la medida adoptada por la Secretaría de Agricultura y solicitamos de manera urgente que se revea la resolución adoptada dejándola sin efecto, a fin de encauzar cualquier proceso de revisión o adecuación dentro del marco legal e institucional, garantizando el diálogo, la seguridad jurídica y la estabilidad necesaria para el desarrollo de la vitivinicultura argentina.