Los jueces Carlos Portiglia, Andrés Ortiz y Miguel Sainz intimaron a las autoridades provinciales a regularizar, en el término de diez días, la situación irregular observada en el complejo carcelario juninense.

Esto fue en octubre del 2014, pero nunca hubo modificaciones relacionadas con el estado de los presos, por lo cual en marzo de este año la Cámara de Apelaciones Penal hizo conocer estas circunstancias a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, para que tome una decisión.
El Tribunal juninense emitió una resolución el 20 de octubre del año pasado, a partir de las actuaciones de la jueza Silvia Pérez, a partir de visitas realizadas a establecimientos locales con personas detenidas.
En la copia del fallo obtenido por LA VERDAD, los jueces advertían tres aspectos centrales en la situación carcelaria local:

-La superpoblación de detenidos que ofrece la Unidad, la falta de provisiones suficientes para la normal alimentación de aquellos y el insuficiente número de colchones (alrededor de cien).

Este panorama fue ratificado con la visita realizada por el presidente de la Cámara a la Unidad Nº 13, que incluyó entrevista con el jefe de la dependencia penitenciaria y una recorrida por los sectores de cocina, depósito y cámaras de frío.

No obstante, los jueces recordaron que “esta problemática no es nueva, ya que fue objeto de innumerables decisorios de esta Cámara”.

Además, reiteraron en esa oportunidad que “la situación es similar a la que se registra en las Unidades 16 y 49”, en que “las condiciones de habilitabilidad, con especial referencia a la superpoblación y alimentación, nos muestran un agravamiento en las condiciones de detención que no puede pasar desapercibido”.

Intimación
En este marco, el Tribunal resolvió (en octubre de 2014):
“Intimar a la Jefa del Servicio Penitenciario Bonaerense para que en el perentorio plazo de diez días arbitre los mecanismos necesarios para regularizar y normalizar el debido funcionamiento del servicio que hace a la correcta alimentación de los internos alojados en la UP 13 de Junín. Reducir el número de detenidos allí alojados (extensivo a las Unidades 16 y 49) hasta el máximo del cupo permitido para cada una de ellas, y realizar las gestiones pertinentes para la provisión de colchones que cubra la totalidad de las personas allí alojadas”.

Esta resolución fue recurrida por el Ministerio de Justicia provincial.

Nuevas actuaciones
En virtud de la falta de respuestas, tal como se comprobó en las últimas visitas carcelarias realizadas, los jueces Portiglia, Sainz y Ortiz emitieron otra resolución en marzo de 2015.

A raíz de los informes recibidos de parte de la jueza Silvia Pérez y el fiscal Sergio Terrón, los magistrados comprobaron que “se observan circunstancias del funcionamiento carcelario que esta Alzada por distintas vías y en reiteradas ocasiones, ha intentado que se les brinden solución”.

A la problemática observada en octubre, se agrega “la deficiente provisión de medicamentos” y que, en la alimentación, la carne, frutas y verduras suministradas sólo alcanzaron para la comida de una semana.

Ante esto, la Cámara Penal local resolvió poner las actuaciones en conocimiento del Presidente de la Suprema Corte de Justicia a los fines que estime corresponder.

A pesar de todo lo actuado por la Justicia local, los presos continúan hoy, a fines de mayo, en las mismas condiciones, sin que las autoridades provinciales tomen cartas en el asunto.

Informe elevado por el Colegio de Abogados
En el marco del control mensual que realizan autoridades judiciales y entidades profesionales, sobre el estado de las cárceles y las dependencias policiales, el informe correspondiente a la última visita expone gravísimas falencias en las tres unidades juninenses.

Este tema fue analizado el viernes, en el marco de la Comisión Directiva del Colegio de Abogados, que resolvió elevar el relevamiento a la Cámara Penal de Junín, a la Procuración de la Corte, a la Suprema Corte provincial y al Ministerio de Justicia de la Provincia, del que depende el Servicio Penitenciario. Asimismo, será interesada en el tema la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia.

El hacinamiento, la falta de higiene y medicamentos, gente durmiendo en el suelo de las celdas sin colchones y otras graves irregularidades, son los principales puntos referidos sobre la situación en las unidades locales, tras la inspección ocular realizada.

Descargo de la jueza Pérez
La jueza Silvia Luján Pérez, sobre la situación en las cárceles juninenses y la actuación judicial, remitió un comunicado al presidente del Colegio de Abogados, Lisandro Benito, que expresa textualmente:

“La que suscribe, Dra. Silvia Luján Pérez, titular del Juzgado de Ejecución Penal del Departamento Judicial Junín con competencia además en el Departamento Judicial de Pergamino, sin perjuicio de la licencia por enfermedad que hoy me encuentro cursando, ante la falta de una publicación posterior aclaratoria a la nota publicada por el Colegio de Abogados en el diario LA VERDAD, con fecha 15 de mayo del corriente año, sobre la situación de las cárceles de esta ciudad, donde se desconoce, agravia y desmerece la ardua función que viene llevando este Juzgado de Ejecución Penal a mi cargo, con el prestigioso plantel de colaboradores que lo integran, es que dirijo la presente a fin de que se sirvan aclarar por el mismo medio las situaciones erróneas allí señaladas.

No es cierto que exista “ausencia de control por parte de este organismo”, como allí se refiere. Muy por el contrario, “precisamente por los controles periódicos y sorpresivos que realiza este equipo de trabajo en las tres unidades que integran el complejo penitenciario Junín y a raíz de la falta de respuesta de los organismos competentes, a las graves irregularidades que se fueron constatando, en fecha 17 de abril de 2013 se formó oficiosamente la causa Nº 9135 del registro de éste, caratulada “Irregularidades constadadas en el Complejo Penitenciario Junín Unidades 13-16 y 49, sobre art. 25 inc. 3º del C.P.P., en el marco de la competencia que me confiere dicha normativa.

Demás está decir que lejos de revertirse la situación denunciada, la misma se agravó al responderse sólo con paliativos, por lo que decidí mantener dicha causa abierta hasta la fecha, llevando desde su inicio más de dos años en trámite, compuesta de tres cuerpos y 600 fojas.

Que todas y cada una de las resoluciones e intimidaciones ordenadas en el marco de la causa de mención fueron debidamente notificadas a los organismos encargados de dar la solución, tales como la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y la Jefatura del Servicio Penitenciario, amén de informarse con remisión de copia de todas las resoluciones allí dictadas a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la S.C.J.B., al señor presidente de la S.C.J.B., a los presidentes de las Alzadas Departamental Junín y Pergamino, quienes como integrantes del Comité de Seguimiento Departamental siempre apoyaron nuestra tarea.

A la espera de haberlo ilustrado de la ardua, minuciosa y silenciosa tarea que lleva adelante este equipo de trabajo desde hace más de siete años, como de la errónea judicialización de competencias que escapan al Poder Judicial, que ni Ud. ni los integrantes de los Comités Departamentales, ni del Colegio de Magistrados que integro, desconocemos, requiérole tenga a bien dar una respuesta aclaratoria rápida por el mismo medio.

Quedando a su entera disposición e invitándolo a cotejar a través de la visualización de la causa 9135 todo el trabajo realizado y que mancomunadamente exijamos a los organismos responsables reviertan inmediamente la grave problemática carcelaria. Aunando esfuerzos se pueden lograr más soluciones, la experiencia así lo indica”.(laverdadonline)