Finalmente, y con 9 horas de atraso, sesionó Diputados, pero solo aprobó el Presupuesto 2026 y la Ley Impositiva. Ahora lo trata el Senado para convertirlo en Ley. Luego pasaron a un cuarto intermedio, pedido por el radical Diego Garciarena, hasta el viernes a las 10 de la mañana cuando volverán a la carga para sacar el endeudamiento. Con media sanción, el proyecto pasó a Senadores y, entrada la madrugada, la Cámara Alta lo convirtió en Ley.

Luego de varias horas de negociación, los negociadores de Unión por la Patria no lograron conseguir los dos tercios de los votos para poder aprobar el endeudamiento.

El oficialismo pudo convencer a los seis diputados radicales de SOMOS, los tres dialoguistas de Nuevos Aires y los seis legisladores de Unión y Libertad, y con todo el peronismo encolumnado, obtuvo la media sanción pasando a Senadores para que se convierta en el Ley. En total sumaron 52 voluntades. Con estos números a Kicillof le falta 10 manos levantadas para llegar a los dos tercios y poder tener el endeudamiento.

Los legisladores realizaron una serie de modificaciones al proyecto y eso demoró el inicio de la sesión porque el Ejecutivo quería chequear minuciosamente esos cambios. El año pasado casi caen en una trampa y no querían correr el mismo riesgo.

Con el visto bueno de Calle 6, la sesión comenzó a las 22:49 con 63 diputados presentes y se aprobaron todos los asuntos puestos en discusión, salvo el que más interés tenía Kicillof: el financiamiento (endeudamiento).

Apenas terminó la sesión, las negociaciones continuaron esperando que para el viernes lleguen a un mejor puerto que hoy.

LOS CAMBIOS EN LOS PROYECTOS

Tras la aprobación de ambos proyectos, el diputado de Unión por la Patria Juan Pablo De Jesús —titular de la comisión de Presupuesto e Impuestos— detalló los cambios incorporados en los proyectos. Entre los puntos centrales mencionó la creación de un fondo para los municipios vinculado al endeudamiento provincial y la condonación de las deudas que las comunas contrajeron con la Provincia durante la pandemia de COVID-19. Según explicó, estas modificaciones estuvieron orientadas a garantizar los consensos necesarios para lograr los dos tercios de los votos en ambas cámaras.

El legislador también repasó los ajustes introducidos en la Ley Fiscal, que incluyen la reducción de alícuotas para la producción de cartón y cerveza, además de la actualización de las escalas para acceder a la cuota reducida de Ingresos Brutos. En ese sentido, remarcó que “no se incrementa la carga impositiva” y precisó que la Provincia transferirá a los municipios dos años del impuesto automotor. Con esto, afirmó, “el 75% de los contribuyentes pagará menos que este año” en la patente.

Por último, De Jesús señaló que se elimina la cuota adicional del impuesto inmobiliario para los grandes contribuyentes y que se mantendrán las bonificaciones por pago anual y buen cumplimiento. A pedido de la oposición, el piso de esas bonificaciones será del 10%.

El proyecto de Presupuesto fue aprobado sin el polémico artículo 89, la cláusula que pretendía modificar la normativa vigente sobre desarrollos en la costa atlántica. Ese punto habilitaba a la Autoridad del Agua a autorizar construcciones en la ribera marítima sin requerir la aprobación de los Concejos Deliberantes, lo que encendió alertas en municipios costeros. La propuesta había generado fuerte malestar entre intendentes, incluso dentro del propio oficialismo.

FONDO PARA INTENDENTES, LA TRABA EN LA NEGOCIACIÓN

Uno de los pilares del diálogo era la creación de un fondo para los municipios, condición clave para el PRO, la UCR y parte del peronismo, aunque este último sector no condicionaba la aprobación por este tema, las tribus oficialistas están alineadas con sacar el triplete de leyes.

La oposición había conseguido que, aun si la Provincia no tomaba deuda, se asegurara un “mini-fondo” equivalente al 8% de uno de los tramos autorizados para endeudamiento. Ese esquema garantizaba alrededor de 120.000 millones de pesos, con un adicional de 4% para completar unos 180.000 millones.

El acuerdo preliminar contemplaba que el dinero surgiera de rentas generales y quedaba definir el mecanismo de distribución. Se evaluaban alternativas: el CUD tradicional, un sistema mixto o incluso una comisión bicameral que mediara entre intendentes y Provincia.

Pero el avance se cayó abruptamente cuando desde Calle 6 habrían bajado otra línea: no habría más que 30.000 millones de pesos. La decisión dinamitó la confianza entre los negociadores y devolvió la discusión al punto de partida. Para explicar eso se apersonaron hasta la Legislatura el ministro Gabriel Katopodis y el intendente de Almirante Brown, Gabriel Cascallares, que permanecen en la oficina de la presidencia. A eso se sumó la advertencia del ministro Pablo López, quien señaló que no podía garantizar pagos en los plazos solicitados por la oposición, aunque hay predisposición para el consenso.

Otro nudo central es la ampliación del directorio del Banco Provincia de ocho a doce sillas. La oposición reclama que los pliegos con los nombres lleguen antes de votar el Endeudamiento, algo que el oficialismo considera inviable en el tiempo político disponible.

Con desconfianzas mutuas y sin garantías firmes, las sesiones previstas para hoy tambalean. Todo indica que la definición podría postergarse a la próxima semana.

¿VUELTO DE AXEL A CAPUTO?

En medio de las más de 200 páginas del proyecto de Ley Impositiva que la Legislatura debatió y fue aprobada, aparece una de las medidas que promete mayor controversia: el Gobierno provincial propone aplicar una alícuota del 9% de Ingresos Brutos sobre los rendimientos que las entidades financieras obtengan por la compra de títulos públicos emitidos por el Estado nacional. Muchos los leyeron como una nueva disputa entre Axel Kicillof y el tándem Javier Milei y su ministro de Economía Luis Caputo.

La medida está diseñada con un alcance puntual. No incluye los bonos emitidos por otras provincias, por la Ciudad de Buenos Aires ni por los municipios; tampoco alcanza a las obligaciones negociables que colocan las empresas privadas. El gravamen se concentrará exclusivamente en los instrumentos que emita el Tesoro, el Ministerio de Economía, el Banco Central, la Anses u otros organismos nacionales.

El artículo —ubicado en el punto 99 del proyecto y que modifica el Código Fiscal bonaerense— redefine el esquema de exenciones para el sector financiero y suma a los bancos y entidades que operan con títulos nacionales entre quienes deberán tributar. En el mercado de capitales y entre legisladores opositores ya advirtieron que la iniciativa encarece la operatoria y puede desalentar la demanda de bonos nacionales.

El esquema previsto implica que bancos y billeteras virtuales deberán liquidar el tributo a través del Convenio Multilateral, derivando a la Agencia de Recaudación bonaerense el porcentaje correspondiente a los rendimientos de estos activos. Otras jurisdicciones —como Córdoba, Mendoza, la Ciudad de Buenos Aires, Salta, Entre Ríos o Santa Fe— mantienen exenta esta operatoria, por lo que el impacto sería desigual entre provincias.

En el sector estiman que este cambio podría incrementar hasta un 30% la carga tributaria que las entidades pagarán a la Provincia en 2026. Sin embargo, todavía no hubo precisiones oficiales sobre la recaudación adicional que generaría la medida.

PRESIONES AL PRO

El PRO ya avisó que no acompañará al oficialismo, al menos en la Impositiva y el endeudamiento. El presidente del bloque, Matías Ranzini, posteó en su cuenta de X que “El kirchnerismo quiere imponer la eliminación de la exención a ingresos brutos a operaciones con títulos públicos y obligaciones negociables en su Ley Impositiva en PBA. Quieren recaudar más a toda costa a expensas de encarecer el financiamiento del sector privado, en definitiva, el bolsillo de los que quieren invertir. Desde el Bloque Pro asumimos la posición de rechazo ante esta iniciativa del gobierno de Kicillof”, indicó.

Cerca del bloque amarillo aseguran que “tienen que ponerse de acuerdo ellos (el oficialismo) para que nosotros podamos comenzar a negociar, no estamos participando de lo que se está negociando”, dejando descartado que hubo un ofrecimiento de cargos en organismo provinciales para este sector y no se habrían aceptado por pedido de los jefes comunales, algo que trascendió esta mañana.

El presidente del bloque La Libertad Avanza, el tuitero Agustín Romo, ya avisó que sus diputados no acompañarán el paquete de leyes de Kicillof, algo que era previsible, pero su posteo se tomó como una “marcada de cancha al PRO”. Si bien no se unificaron los bloques luego de la aventura electoral, se cree que eso sucederá, pero por el momento se mueven en tribus separadas.

Por su parte, Manuel Passaglia ex Juntos por El cambio, ex PRO, aspirante a Libertario y ahora creador de HECHOS (sellos por el que fue electo diputado el 7 de septiembre), también salió a ejercer presión sobre el bloque amarillo. En su cuenta de X,  Passaglia apuntó directamente al PRO y lo presionó para que no acompañe el Presupuesto de Axel Kicillof, al advertir que sería “avalar un nuevo papelón” del Gobierno. Señaló que mientras el Ejecutivo reclama endeudamiento en dólares porque “la plata no alcanza”, impulsa a la vez una ampliación de la planta política, incluido un aumento del 50% en los directores del Banco Provincia. En ese marco, desafió al PRO a definir si respaldará una medida que, según él, contradice el discurso de reducción del Estado que sostiene Javier Milei.

EL POROTEO DEL RECINTO

Vale aclarar que el Presupuesto y la Ley Impositiva necesita una mayoría simple en la votación que encaren los 92 diputados que componen la Cámara Baja, es decir más votos a favor que en contra. No es el caso del Financiamiento o endeudamiento, dado que el Ejecutivo está pidiendo autorización para tomar deuda, debe ser aprobado por los dos tercios de los presentes, es decir 61 voluntades.

En Diputados, la matemática es clara: de las 92 bancas, el oficialismo de Unión por la Patria (UP) controla 37. Para alcanzar los 62 votos necesarios en caso de recinto completo, el gobernador necesita asegurar 24 manos no peronistas. Las posibles ausencias opositoras, como siempre, juegan a favor del Ejecutivo, porque reducen el número necesario para llegar al tercio.

El mapa opositor está distribuido en múltiples bloques: PRO (13), La Libertad Avanza (12), UCR + Cambio Federal (9), Somos Buenos Aires y Unión y Libertad (6 cada uno), Nuevos Aires y Coalición Cívica (3 cada uno), FIT (2) y Derecha Popular (1).

En el poroteo, sin votos del PRO o la Libertad Avanza, el oficialismo no llega a los dos tercios.

En la Cámara Alta el ecosistema político es más reducido: UP tiene 21 senadores, el PRO 9, UCR + Cambio Federal 6, LLA 4, UyL 3, Somos 2 y Derecha Popular 1. Si se replicara el esquema de Diputados, el oficialismo podría alcanzar 26 votos con Somos y UyL, quedando a cuatro de los 31 necesarios.

Por eso, la llave final la sigue teniendo el PRO y la UCR, y difícilmente el expediente llegue al Senado sin antes tener acordada la ingeniería política completa con esos sectores.

fuente: Infocielo