Un grupo de cinco productores agropecuarios de Carlos Casares impulsaron una demanda penal, como particulares damnificados, contra los intendentes de Carlos Casares, Daniel Stadnik, en su carácter de presidente de la Cuenca A 3 del Rio Salado, de la vicepresidente del órgano, la intendente de 9 de Julio, María José Gentile, del Secretario de Obras Publicas de  la Municipalidad de Pehuajo, Fanti, y del Tesorero de la Cuenca A3, el intendente de Hipólito Irigoyen, Horacio Pugnanoli, “a quienes no se los denuncia por ser jefes comunales, sino por su actitud en el marco del Comité, o mejor dicho, su falta de trabajo dentro del ámbito del Comité de Cuenca de la Subregión A3, resalto a El Regional Digital,  la Dra. Alejandra Córdoba, abogada patrocinante de los productores casarenses que se presentaron ante la justicia.

La letrada comento a El Regional Digital que “dentro de la vasta actividad que tiene que tener un Comité de Cuenca, es reunirse y hacer actividades que tienen que ver con estas cuestiones hídricas que tanto nos preocupan y este año ha sido particularmente importante y dramático para las inundaciones, porque recuerde usted que empezamos en marzo, con inundaciones que han tenido connotaciones dramáticas en el amplio sentido de la palabra, porque recordemos que en Bolívar, por ejemplo, se ha cobrado víctimas fatales, cuando eso, sacando la inundación del 85, nunca pasó”, recordó.

Integrantes del Comité Cuenca A3 Rio Salado, reunión que se dio en Bragado

Córdoba apunto que los jefes comunales se reunieron en mayo para renovar autoridades del Comité, y después no se volvieron a reunir. La demanda judicial también, comento la abobada Alejandra Córdoba, se extiende funcionarios provinciales de la Autoridad del Agua (ADA), la Dirección de Hidráulica y de Infraestructura, informo. Sobre Stadnik subrayo es ingeniero hidráulico, haciendo entender el pleno conocimiento que tiene sobre el tema.

La denuncia, fue presentada el lunes 22 pasado en la Fiscalía N° 2 de Trenque Lauquen, a cargo del fiscal Tomás O’Reilly, y se los acusa de tres presuntos delitos: estrago por inundación (arts. 186, 189 y concordantes del Código Penal), omisión impropia por no haber actuado pese a sus roles de garantes en el Comité, e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal), al no cumplir las funciones que la normativa les impone.

En cuanto al tipo de demanda que es penal, explico que si vamos por una demanda civil, termina en u n resarcimiento, y debemos tener la magnitud del daño del que estamos hablando, donde hay informes

del Banco Mundial cuando se hizo el Plan Maestro Integral del Salado, que tienen 30 años, que ya dan cuenta de cómo es esta zona, de las características geomorfológicas que tiene la zona, que no hay práctica, que es una llanura, que no hay escurrimiento, que por el tipo de suelos el escurrimiento es imposible en algún momento por el hecho de que se satura. De hecho, a principios de septiembre la saturación de los suelos era de más del 70%.

Entonces, cuando se encuentra que la información existente, incluso muchos informes que hay sobre esto en los sectores públicos, advirtiendo que iban a haber ciclos cada vez más cortos, de lluvias cada vez más abundantes, por ende, riesgos de inundaciones, y que esto ponía en riesgo no solamente las zonas rurales, sino también las poblaciones, los sectores urbanos, realmente que hayan desoído eso es de una gravedad institucional tremenda, porque no puede ser que no lo sepan. No puede ser”, reclamo.

«Yo no voy a hacer un juicio de valor, pero me da la impresión que la situación ameritaba otras reuniones. Él habla del cambio climático (Stadnik), y habla de la posibilidad de demandar a la Nación, supuestamente por la falta de fondos. Bueno, perfecto, actúen», subrayo Alejandra Cordoba.