Un nuevo proyecto de ley intenta reformar el régimen de emergencia agropecuaria

En nuestro pais si hay algo que el agro argentino carece, es una verdadera política agropecuaria por donde se la mire. La producción agropecuaria siempre enfrenta las inclemencias del clima sequia o inundación, cada vez que se da un evento de estas características en una region, aparece la política (siempre corriendo desde atrás del problema), con proyectos de ley o mesas de trabajo, que con el correr de los días se diluyen, y simplemente quedaron en un titulo periodístico.El oeste bonaerense enfrenta en estos días nuevas inundaciones, y en ello vuelven a aparecer, precisamente iniciativas legislativas como la presentada recientemente por parte de los diputados nacionales de la Coalición Cívica Victoria Borrego y Juan Manuel López presentaron un proyecto de ley que busca reformar el régimen de emergencia agropecuario.

El objetivo de la norma que debatirá el Congreso es terminar con la discrecionalidad del Gobierno nacional y garantizar a los productores una respuesta rápida y efectiva frente a fenómenos climáticos que afectan su capacidad productiva.

Para ello, la iniciativa propone modificaciones a la Ley de Emergencia Agropecuaria N° 26.509 dirigidas a agilizar el procedimiento de declaración de emergencias, asegurar el financiamiento necesario e incorporar nuevos beneficios aplicables a los productores afectados por dichas contingencias.

El proyecto reduce los plazos para que el Poder Ejecutivo se expida y establece que, en caso de no tomar una decisión, el silencio se considerará automáticamente como declaración de emergencia. De esta manera, se evita que el Gobierno postergue indefinidamente decisiones que resultan urgentes para los productores. Además, la iniciativa eleva el piso del Fondo Nacional de Emergencias Agropecuarias (FONEDA) a $130.000 millones, actualizando un monto que quedó congelado desde 2009 y que hoy resulta absolutamente insuficiente para dar respuesta a la problemática.

La propuesta también incorpora nuevos beneficios fiscales aplicables a los afectados por la emergencia, tales como la reducción hasta el 0% de la alícuota del impuesto al cheque, la suspensión del pago de anticipos impositivos y la disminución hasta el 0% de las alícuotas de derechos de exportación.