En los últimos 10 años se han creado infinidad de registros de información para el sector agropecuario. Desde las complejas cartas de porte y el engorroso CTG, pasando por la obligación de declarar la cantidad de hectáreas sembradas, su producción, el volumen comercializado, el stock y muchos requerimientos más.

La proliferación de estos registros transformaron al empresario agropecuario en un administrativo, que debe dedicar la mayor parte de su tiempo para llenar formularios, realizar presentaciones, rectificaciones, solicitar compensaciones y demás requerimientos estatales.

Informar a la AFIP, la Ucesci, tramitar el RUCA, completar los Renspa, informar al SENASA y la Secretaría de Comercio Interior, así como a los requerimientos provinciales es tarea de casi todos los días. Todo esto se ha traducido en un incremento importante en los gastos de estructura, reduciendo la posibilidad de asignar los recursos más eficientemente a lo que el productor sabe hacer: producir.

Como si esto fuera poco, el MINAGRI está impulsando la creación de un nuevo registro donde el productor deberá declarar la superficie sembrada, cada lote del establecimiento georreferenciado, las variedades que utiliza, el origen de la semilla, la producción estimada, entre otros varios ítems más. Asimismo también se requerirán informes sobre régimen de tenencia de la tierra, tipo de contratos, y superficie arrendada y asegurada.

CRA considera fundamental la transparencia de mercados, en particular los que atañen a la comercialización de semillas. Es imprescindible respetar la ley 20.247 que da el marco para el uso de semilla legal, esto es semilla fiscalizada y uso propio y combatir la ilegalidad de la llamada “bolsa blanca”.

El Estado tiene los recursos suficientes como para hacer cumplir la ley a través de sus órganos competentes, sin necesidad de requerir más información por parte del productor. Asimismo debe permitir la constitución del directorio del INASE y hacer cumplir la resolución 80/2007 que contempla la declaración de uso propio.

Por tanto CRA rechaza la creación de nuevos registros que signifiquen más burocracia, una reiteración de lo informado con el consecuente incremento de los costos del productor.