De acuerdo con un informe de la División Lavado de Activos de la Policía Federal, el entramado que se destapó cuando cayó Julio “Chocolate” Rigau con decenas de tarjetas de débito de presuntos ñoquis de la Legislatura bonaerense le causó un perjuicio a la provincia de Buenos Aires durante dos años por casi $ 400 millones más la inflación.

No obstante, según el informe que reproduce La Nación el perjuicio para las arcas públicas sería mucho más elevado. Expertos de la Policía Federal indicaron que a esa cifra preliminar sobre los años 2022 y 2023, que debe ajustarse por inflación, también hay que sumar el desvío de fondos que pudo ocurrir en años anteriores, ya que algunos de los presuntos empleados de la Legislatura bajo la lupa judicial figuran con cuentas salariales abiertas en el Banco Provincia desde 2012.

De hecho, los investigadores judiciales estiman que el desfalco vinculado a “Chocolate” Rigau y sus jefes, el subdirector de Personal de la Cámara de Diputados, Claudio Albini, y su hijo, el concejal platense Facundo Albini, podría ascender a los $ 800 millones, solo entre enero de 2022 y septiembre de 2023, cuando arrestaron a Rigau en una sucursal bancaria de la ciudad de La Plata.

Hoy, más de seis meses después, los tres continúan detenidos, con prisión preventiva.

Movimientos

Los expertos en delitos económicos basaron sus conclusiones iniciales en la documentación que le aportó la fiscal a cargo de la investigación, Betina Lacki. Incluyó extractos bancarios del Banco Provincia sobre cada presunto empleado bajo la lupa de la Legislatura bonaerense, sus fichas de servicios y contratos de locación. También detalles de las tarjetas de débito secuestradas, reportes de Nosis y constancias de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Del análisis de los movimientos bancarios surgió también que “Chocolate” Rigau no sólo accedió a los salarios de los 48 titulares de las tarjetas de débito mediante el uso intensivo de cajeros automáticos de esta capital, sino que recibió transferencias electrónicas desde las cuentas bancarias de algunos de esos presuntos empleados de la Legislatura bonaerense.