El proyecto, entre otras cuestiones, propone que la cuota a abonar no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores. En ese sentido, las personas que deban pagar el impuesto a las Ganancias tendrán la posibilidad de deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente. Y, en caso de que el deudor se encuentre en cese laboral, el Fondo se hará cargo de hasta tres cuotas.

En resumen, la norma ofrecerá a los deudores con hipotecas otorgadas con cláusula de ajuste por Unidad de Valor Adquisitivo (U.V.A.) y Unidades de Vivienda (UVI), destinadas a vivienda única familiar y de ocupación permanente un Sistema de Cobertura, mediante la implementación del cálculo de los saldos adeudados con ajuste mediante un Índice actualizable por Ripte.En los meses que el Ripte se encuentre por arriba del IPC, pagarán siempre el Índice más bajo, en tanto que el cómputo será retroactivo al 1 de enero del corriente.“Llegamos a esta instancia luego de celebrar tres reuniones informativas y dos de debate, donde hemos escuchado atentamente las distintas posiciones de los tomadores de créditos UVA, investigadores, abogados, representantes del Banco Central y de los bancos”, remarcó Aparicio, al comienzo. Luego, la titular de Finanzas leyó el texto del dictamen de mayoría.

Nicolás Del Caño, desde el bloque PTS/FIT-Unidad, expresó el malestar y el reclamo de muchas de las familias de los hipotecado UVA porque sienten que muchos de sus planteos no han sido contempaldos en este dictamen. También, por obligarlos a renunciar a realizar acciones legales, tanto las que se encuentran en curso o las futuras. “Los bancos no están poniendo nada, todo lo ponen las familias. Así, se está consumando la estafa”, fustigó.

El diputado mendocino Julio Cobos (UCR), autor de uno de los proyectos, afirmó que el proyecto apunta a “dar una solución a la ruptura de la equidad del contrato que se rompió producto a que la evolución del salario comparada con la inflación no estuvo ajustada ni equilibrada, lo que motivó que la gente recurriera a la justicia”. “Lo importante es que esta ley tenga efectos reales”, aseveró.

En la misma línea que Del Caño, Martín Tetaz (Evolución Radical) pidió que las sesiones siempre deben ser públicas. En otro aspecto, anticipó que “estamos pensando presentar dictamen de minoría por diferencias en algunos temas, como en el Fondo Compensador”. “Estaríamos creando una transferencia de recursos hacia un sector de la economía que implica una licuación del crédito”, señaló y, en ese sentido criticó que “el aporte que estamos poniendo de los bancos es un impuesto encubierto”.

En tanto, Alejandro Cacace, desde el mismo bloque, informó que por ser deudor de un crédito UVA no va a firmar ningún dictamen y, en caso de llegar al recinto, se va a abstener. “Es lo más ético”, subrayó. En representación del Frente de Todos, Eduardo Fernández, manifestó que “estamos dando un salto y brindando una solución dentro de un mercado y de una situación económica difícil”.

Por último, el titular de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller (FdT), hizo hincapié en que “generalmente no hay soluciones buenas a cosas mal concebidas; lo que se hace es tratar de mejorar, en lo posible, una situación preexistente que no fue bien planteada originalmente”. “Con esta nueva ley estamos tratando de acotar esos daños de la manera más razonable posible”, especificó.