En primer lugar, la Cámara baja le dio media sanción al proyecto de ley para crear el Registro Nacional de Deudores Alimentarios –RENDAM–. El texto avalado unificó varias iniciativas en el debate en comisión, entre las que se destacan la de la actual titular de Diputados, Cecilia Moreau, y la de los diputados Julio Cobos, Roxana Reyes, Jimena López y Paula Oliveto.

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Durante la votación, el registro de deudores alimentarios fue aprobado por 225 afirmativos, 1 negativo y 0 abstenciones. El objeto de la norma es “implementar una base de datos unificada del territorio nacional que contenga toda la información de los deudores alimentarios morosos inscriptos en los registros de las distintas jurisdicciones”.

Asimismo, el texto establece que será registrada en el RENDAM a “toda persona obligada al pago de cuota alimentaria provisoria o definitiva que se encuentre en mora por falta de pago de tres (3) cuotas consecutivas o cinco (5) alternadas, intimada judicialmente y que no hubiese demostrado fehacientemente su cumplimiento”.
Como miembros informantes, hicieron uso de la palabra Lucas Godoy (FdT), quien resaltó que la finalidad es “estipular algunas medidas restrictivas que generen impedimento” y buscar mecanismos para “compeler y exhortar al cumplimiento de esta obligación”. Desde Evolución Radical, Carla Carrizo, aseguró que “esta ley no es contra nadie, sino exigir que sea más difícil que se viole el derecho a la alimentación”. La diputada Roxana Reyes (UCR), por su parte, valoró la norma que “reivindica la política porque llega a ese sector de la infancia vulnerada que está esperando respuestas”.

En tanto, con una votación unánime, que obtuvo 223 votos positivos, 0 negativos y 0 abstenciones, se le dio media sanción al proyecto que modifica el artículo 27 de la Ley 20.628 para eximir del pago del impuesto a las ganancias a trabajadores/as de la salud por los ingresos que excedan las cuatro guardias mensuales en Servicios de Emergencias.
En defensa de la norma, el diputado Daniel Gollán (FdT) sostuvo que la misma “procura dar respuestas a una situación muy compleja, donde uno de los serios problemas pega en lo más importante del sistema de salud, que son los recursos humanos o fuerzas laborales en salud”. Es por eso, aclaró que “estamos avanzando en el desarrollo de diferentes leyes para dar respuestas estructurales y no coyunturales”.
Myriam Bregman (PTS/FIT-Unidad) anticipó el respaldo al proyecto porque “el salario no es ganancia”, pero lo consideró como “un parche” que tiene “un alto grado de perversidad”. “Ante la falta de personal, residentes y concurrentes, la resolución que se toma es quitar el impuesto a las ganancias a la quinta guardia para que el mismo trabajador pueda sobre explotarse un poco más, agregando mayor carga horaria”, fustigó.

La diputada Danya Tavela (Evolución Radical) consideró que el objetivo es “resolver un problema que tiene dos miradas: un alivio fiscal a un sector de los trabajadores de la salud en las distintas funciones y, por otro lado, dar respuesta a quienes tienen responsabilidad de gestionar el sistema de salud de sus provincias y municipios”. Sin embargo, Tavela aseveró que “hoy es una solución ante un problema coyuntural, pero afrontamos graves situaciones de precarización”.
Al adelantar que “va a apoyar esta baja de impuestos para los trabajadores de la salud”, José Luis Espert, de Avanza Libertad, consideró la norma como “un parche”, pero que “lo debemos aceptar hasta que esta Cámara dé una profunda discusión sobre el impuesto a las ganancias”.

En otro tramo de la sesión especial, Diputados le dio media sanción por unanimidad al proyecto de ley que establece la capacitación obligatoria de funcionarios públicos en prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, denominada “Ley Lucio”. El texto fue aprobado por 228 votos afirmativos y será girado al Senado para su aprobación definitiva.
La iniciativa es denominada “Ley Lucio”, por el niño de cinco años Lucio Dupuy, quien murió a causas de golpes aplicados por su madre y su pareja, quienes fueron detenidas y están procesadas por la justicia.
Como miembro informante, Martin Maquieyra (PRO) consideró que “este no es el proyecto de un legislador o un partido, es el proyecto de una familia que quiere que esto no vuelva a pasar”.
“Este proyecto plantea tres herramientas principales para que podamos tener una política de niñez más amplía: capacitaciones, concientización y la reserva de identidad del denunciante”, añadió.
Desde el Frente de Todos, la diputada Paola Vessvessian consideró que “necesitamos fortalecer los órganos de protección de derechos y que la justicia de Familia llegue más eficaz y más rápido”. “Necesitamos que la capacitación sea obligatoria, continua y permanente para aquellos que están trabajando con los niños, niñas y adolescentes”, añadió.

Asimismo, la Cámara también avaló el proyecto de ley que modifica el artículo 3 de la ley 22.431 de Protección Integral de las Personas Discapacitadas, en relación al Certificado de Discapacidad (CUD). La norma establece que el certificado se expedirá “con o sin fecha de vencimiento” y la Agencia Nacional de Discapacidad, encargada de su emisión, “deberá implementar la flexibilización de los requisitos para su otorgamiento”.
La iniciativa se aprobó por unanimidad con 227 votos afirmativos y será girado al Senado para su sanción definitiva. El objetivo es remover obstáculos y allanar el camino en el acceso a los derechos que tienen las personas con discapacidad. En este sentido, el CUD no deberá renovarse y mantendrá plena vigencia y validez desde la fecha de su emisión en aquellos casos en los que se determine la existencia de una discapacidad funcional permanente e irreversible.

En el mismo sentido, se sancionó la iniciativa que le otorga jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Y el protocolo modificatorio del Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, suscripto en la ciudad de Estrasburgo –República Francesa– el 10 de octubre de 2018.
En la continuidad de la sesión especial, se convirtió en ley la adhesión de la argentina al Fondo Multilateral de Inversiones III (FOMIN III) del Banco Interamericano de Desarrollo, aprobación del convenio constitutivo y el convenio de administración del Fondo Multilateral de Inversiones III (FOMIN III), celebrado en la ciudad de Asunción, el 2 de abril de 2017.
Entre otros temas, los legisladores sancionaron la cesión de jurisdicción de diversos inmuebles efectuada por la provincia de Tucumán al Estado nacional, para integrar el Parque Nacional Aconquija.
Asimismo, como parte del temario de la sesión, la Cámara aprobó dos iniciativas referidas al deporte. Una de ellas, apunta a crear un protocolo institucional ante situaciones de violencia de género y/o discriminación en asociaciones civiles deportivas. La otra, establece un Sistema Integral de Igualdad y Paridad de Género en el Deporte.