La vitivinicultura argentina por calidad y reconocimiento internacional tiene todo para crecer en sus exportaciones si cuenta con las herramientas e incentivos adecuados. Por eso desde la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) se presentó un plan al ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, con medidas de rápida acción y una agenda de temas prioritarios a resolver con el objetivo de fomentar las exportaciones, generando divisas genuinas para el país, y mejorar la competitividad de toda la cadena.

La presentación se hizo dentro del llamado al diálogo, la creación de un consejo de promoción de las exportaciones a nivel nacional y a la presentación de propuestas por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.

“La vitivinicultura argentina tiene marca y reconocimiento internacional. Todos destacan la calidad de nuestros vinos en el mundo, somos el mayor exportador mundial de jugo concentrado de uva, hay un potencial muy grande para el vino a granel; las pasas y uvas de tienen grandes oportunidades para crecer en nuevos mercados. Pero necesitamos incentivos y medidas concretas que mejoren el nivel de competitividad de nuestra producción en los mercados internacionales”, afirmó José Alberto Zuccardi, presidente de la COVIAR.

La presentación realizada por COVIAR al equipo económico del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación incluye las siguientes propuestas de acción:

1-Incremento de los reintegros.

Un aumento en los reintegros a las exportaciones de los productos vitivinícolas que se exportan permitiría compensar los tributos internos que los exportadores pagan en las distintas etapas de producción y comercialización. En la práctica esto significa ganar competitividad exportadora a partir de una reducción compensatoria de la presión fiscal.

Según la información reunida por el Observatorio Vitivinícola, unidad ejecutora de la COVIAR que administra la Bolsa de Comercio de Mendoza, los productos exportables de la cadena vitivinícola nacional pagan hoy varias veces más impuestos de los reintegros que reciben. Estos son los casos puntuales:

-En el caso de los reintegros a las exportaciones del vino fraccionado (de 3,25% sobre el valor FOB) se estima que el porcentaje de impuestos contenidos en el valor promedio FOB es de a 5,05%, es decir un 1,8% mayor al reintegro actual recibido.

-En las exportaciones del producto “vino a granel” (3% sobre FOB) esta diferencia es aún mayor, ya que el porcentaje de impuestos contenidos en el FOB es de 14%, es decir 11 puntos porcentuales adicionales que el reintegro actual.

-En las exportaciones de jugo concentrado de uva (2,5% sobre el FOB) se concluyó que el porcentaje de impuestos contenidos en el valor FOB es de 12%, es decir un 9,5% mayor al reintegro actual recibido.

-En las pasas de uva (0,75% sobre el FOB) y uva de mesa (1% sobre el FOB) la diferencia que se obtiene con el reintegro actual es de 3,28% y 6% respectivamente más de impuestos en relación a lo que obtienen como devolución. Ver informe anexo.

Se estima que el costo fiscal de la medida es de $2.400 millones anuales. Esto representa aproximadamente el 4% de las exportaciones vitivinícolas anuales.

2-Baja de las retenciones e incentivos para acelerar el ingreso de divisas.

Como economía regional, la vitivinicultura argentina necesita avanzar en un esquema de reducción y eliminación de las retenciones a las exportaciones.  En paralelo, se propone aplicar un esquema de incentivos para los ingresos de divisas al país, el cual consiste en obtener una bonificación en la tasa de derechos de exportación en función al plazo registrado entre la oficialización de las exportaciones y el ingreso efectivo de las divisas. Esta herramienta permitiría al exportador negociar con un margen más amplio con los compradores del mundo mejores condiciones de pagos en cuanto a plazos. Esta es la metodología propuesta:

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Así, por ejemplo, si las divisas se ingresan dentro de los primeros 60 días contados desde la oficialización de la exportación, el derecho de exportación se bonifica 30%, pasado de 3 $/USD a 2,1 $/USD; si se ingresan entre 61 a 90 días, la bonificación es del 20% y así hasta llegar a los 180 días. De esta manera se estaría incentivando el ingreso de divisas al país, al tiempo que los exportadores tienen un incentivo específico para acelerar el ingreso.

Se estima que el costo fiscal máximo de la medida, suponiendo que todas las divisas ingresaran en los primeros 60 días, es de $ 900 millones por año. Esto representa aproximadamente 1% de las exportaciones vitivinícolas anuales.

3-Eximir a los gastos en promoción en el exterior del impuesto PAIS.

Se solicita eximir de las operaciones alcanzadas por el impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) creado por Ley Nº 27.541, la adquisición de bienes y/o servicios contratados en el exterior que tengan como finalidad la promoción de los productos vitivinícolas argentinos en el mundo. Por ello se solicita que se compense el pago del impuesto PAÍS aumentando el reintegro en un 1% a los establecimientos que realizan acciones de promoción en el exterior de sus productos.

A nivel de cada empresa, se estima que los gastos de promoción (acciones de promoción directa en los mercados, participación en ferias, degustaciones, festivales y demás actividades de promoción, envío de muestras, recepción de invitados a las bodegas, entre otras actividades) representan aproximadamente el 5% de la facturación, por lo que si se considera que Argentina exportó vino en 2019 por alrededor de U$S800 millones, los gastos de promoción se estiman en 40 millones de dólares.

El impuesto PAIS sobre ese valor significa un desembolso de casi $500 millones para la cadena vitivinícola que se tributa por el pago de acciones destinadas a la promoción los vinos argentinos en el exterior y por lo tanto a generar divisas genuinas para Argentina. Esos $500 millones representan, en dólares, aproximadamente el 1% de la facturación por exportaciones de vino. Por ello se pide compensar el impuesto PAÍS con la suba de 1 punto porcentual en los reintegros.

Se estima que el costo fiscal de la medida es de $60 millones anuales.

4-Uso del derecho de exportación como crédito fiscal para el pago de Ganancias.

Se solicita la utilización de los Derechos de Exportación como crédito para el pago del impuesto a las Ganancias. Así, el impuesto a las Ganancias se ve afectado por la inclusión del Derecho de Exportación en el balance impositivo. Es decir que si el incremento de recaudación que tiene el Estado por el incremento del pago de impuesto a las Ganancias es mayor que la pérdida que se produce por recaudación del derecho de exportación (en este caso, dado que el derecho de exportación se deduce de ganancias es equivalente a decir que el costo del derecho es el 65% del mismo, es decir 1 – 35%), la situación con uso del derecho de exportación como crédito implica una mayor recaudación que en la situación con vigencia de ambos impuestos.

Emplear esta modalidad de crédito del derecho de exportación, implica que el beneficio neto derivado de las exportaciones se incremente y que además lo haga a una mayor tasa que el incremento de las cantidades exportadas, con lo cual el beneficio neto por unidad exportada aumenta justificando de esta forma el incremento en las exportaciones por la vía de una reducción en los precios de exportación derivado del beneficio fiscal. Con lo cual, de verificarse las condiciones determinadas, se llega a una situación en la cual el Estado recauda más y los exportadores se benefician producto del incremento de sus cantidades exportadas.

5-Acelerar el cobro de IVA.

Se solicita acelerar los plazos de devolución de IVA para los establecimientos vitivinícolas, llevándolo a un período promedio de 30 días. Hoy el plazo promedio de recupero del IVA es de aproximadamente 120 días.

Las empresas exportadoras, especialmente las pymes, tienen importantes saldos de IVA crédito a recuperar debido principalmente a que la cadena vitivinícola no solo exporta vino sino insumos asociados como vidrio, botellas, etiquetas, cajas y servicios, entre otros, lo que genera un importante crédito fiscal ya que prácticamente la totalidad de los insumos se adquieren en Argentina. Se estima que en 2019 el vino aportó más de $ 4.300 millones en impuestos, incluyendo en este valor los tributos específicos de las etapas de producción de uva, elaboración y fraccionamiento de vino hasta la salida de bodega.

El problema es que, como consecuencia de los importantes saldos de IVA y la lentitud en el recupero, se producen mayores costos. Uno de ellos es el costo financiero, erosionando la capacidad crediticia de las empresas, especialmente las pymes, y quitando la posibilidad de aplicación de fondos a inversión, empleo y capital de trabajo.

Se genera también un alto costo administrativo, ya que se deben contratar especialistas en recupero que cobran hasta el 10% del monto a recuperar, hay honorarios por inspecciones posteriores, gastos de certificaciones y tiempo y esfuerzo dedicado por la administración de la empresa a esta situación (estructuras de administración que en las pymes son limitadas). Además, el crédito fiscal al estar atado a una venta futura es de incierta recuperación y al volverse casi permanente no se cumple el principio de «neutralidad» del IVA.

Puntos prioritarios a resolver

Junto con medidas de rápida aplicación, desde la COVIAR se solicitó al Estado Nacional, vía el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, que se avance en puntos críticos que frenan o afectan el desarrollo exportador de la cadena vitivinícola nacional como son los altos costos logísticos que le quitan competitividad a la producción del Oeste argentino. Se planteó, también, la falta de acuerdos comerciales para tratar de revertir la situación de desventaja que tiene la producción nacional en los principales mercados del mundo a partir de los menores aranceles o directamente las tasas 0% que sí tienen países competidores directos como son Chile, Estados Unidos o Europa. Ver informe completo.

Otro punto central es atacar la alta presión impositiva que pesa sobre el sector vitivinícola como economía regional. A partir de un estudio realizado en el año 2017 y actualizado a fines del 2019 por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, se determinó que la carga impositiva que soporta el sector vitivinícola, definida como la relación entre el total de impuestos que tributa y el excedente de explotación empresaria, al año 2017 era del 57,7% y pasó a ubicarse en 2019 en el orden del 70%. La situación se agrava más si consideramos a la producción primaria que de soportar una carga del 45% sobre el excedente pasó al 96,9%.

Uno de los vectores centrales que determinan la competitividad en el sector de las bebidas es la promoción. Argentina ha realizado y realiza acciones de promoción del vino tanto a nivel del sector como a nivel de las propias empresas. No obstante, los recursos y, por lo tanto, la potencia de las acciones, son menores en relación con los competidores más importantes que sí cuentan con recursos y apoyo estatal para la promoción de sus exportaciones.