La onda expansiva de una megacausa judicial por corrupción policial sacudió con fuerza a las estructuras de seguridad de la región, impactando de manera directa en, un hermético operativo ordenado por la que derivó en la  detención de ocho efectivos de la Policía de Seguridad Vial , acusados de orquestar una  asociación ilícita dedicada a cobrar sobornos sistemáticos.

La gravedad institucional del caso adquiere una resonancia particular en el ámbito local, dado que la red criminal involucra a un oficial oriundo del partido que prestaba servicio en Colón y a dos jefes de zona que se encontraban prestando funciones.

La investigación, liderada por la fiscal de instrucción Magdalena Brandt y originada en la localidad de Colón, puso bajo la lupa los engranajes operativos de la fuerza de seguridad en el norte bonaerense. Según confirmaron fuentes allegadas a la pesquisa en la madrugada de este miércoles, la estructura extorsiva contaba con ramificaciones clave.

En ese esquema de responsabilidades, resultaron aprehendidos un efectivo juninense que actualmente cumplía servicios operativos en la dependencia de Colón, junto a dos jerarcas de la Policía Vial de Junín: un segundo jefe de zona, quien sería oriundo de la localidad de 25 de Mayo, y un segundo jefe departamental. presuntamente de General Viamonte.

A ellos se sumaron las capturas del titular del Destacamento de Seguridad Vial de Colón y la cúpula de la dependencia de Pergamino, cuyas oficinas también fueron objeto de allanamientos simultáneos.

El «peaje» ilegal en la ruta

El accionar de la banda se caracterizaba por un método de coerción constante, desplegado presuntamente entre enero de 2024 y noviembre de 2025. Durante los controles vehiculares de rutina sobre el estratégico corredor de la Ruta Nacional 8 y caminos adyacentes, los efectivos interceptaban a camioneros, transportistas y vehículos de logística de diversas empresas.

Bajo la amenaza de labrar infracciones severas, retener licencias, secuestrar la mercadería o incluso iniciar causas penales y contravencionales, los uniformados exigían una compensación económica.

Frente a la urgencia por continuar sus trayectos y evitar millonarias pérdidas comerciales, las víctimas se veían forzadas a ceder ante la presión de la autoridad.

La caída del entramado se precipitó por la propia voracidad financiera de la organización. Lejos de conformarse con el dinero en efectivo, la red exigía a los transportistas realizar transferencias inmediatas para saldar la extorsión en el acto.

La fiscalía logró determinar que la ingeniería de los pagos convergía en una cuenta del banco Supervielle, identificada bajo el alias «pelado.258». Una vez acreditados los fondos, el dinero se triangulaba de manera inmediata hacia distintas cuentas bancarias y billeteras virtuales vinculadas al patrimonio personal de los efectivos involucrados.

El análisis contable incorporado al expediente reviste una contundencia ineludible. La Justicia logró documentar más de trescientas transferencias bancarias sospechosas, revelando movimientos que superan los 23 millones de pesos destinados a las cuentas de algunos de los cabecillas, además de un goteo incesante de giros menores distribuidos hacia el resto de los integrantes de la dependencia policial.

Con los ocho policías detenidos y apartados de la fuerza bajo las imputaciones de asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario público, el próximo paso de la Justicia consistirá en analizar exhaustivamente la prueba económica para delimitar el grado de participación exacta que cada eslabón -incluyendo a la cúpula que operaba desde Junín tuvo en esta aceitada maquinaria de corrupción.

Fuente: Diario Democracia