La Fundación Faro, el think tank que dirige Agustín Laje, fue denunciada ante la Justicia federal junto al asesor presidencial Santiago Caputo, Cristian Auguadra y otros dirigentes y empresarios por presunto lavado de activos, cohecho y tráfico de influencias.

La presentación fue realizada por integrantes de la organización “La Liga de la Justicia Social” ante el Juzgado Federal N° 7 bajo la figura de una solicitud de averiguación de delito, con el objetivo de que se investigue el origen de los fondos de la fundación y sus posibles vínculos con funcionarios y empresarios.

Según la denuncia, la Fundación Faro registró durante 2024 un incremento patrimonial que pasó de 12 millones de pesos a 4.394 millones, además de declarar ingresos por casi 5.000 millones de pesos bajo el concepto “Donaciones, cursos, talleres y prevención”. Los denunciantes sostienen que esos movimientos, junto con otros elementos, ameritan una investigación judicial.

En diálogo con INFOCIELO, el abogado de la UBA y uno de los denunciantes, Facundo Pérez Ernst, explicó que la presentación se apoya principalmente en investigaciones periodísticas publicadas por Chequeado sobre la situación contable de la fundación. “Quizás ese es el punto más fuerte de nuestra denuncia. Nosotros nos amparamos en esas notas de Chequeado que muestran irregularidades en los balances de la Fundación Faro, que así también lo detectó la IGJ”, sostuvo.

En ese sentido, agregó que el objetivo de la presentación no es probar de antemano la comisión de un delito, sino que intervenga la Justicia. “Lo que nosotros queremos es que un fiscal se meta e investigue esos balances y le pida explicaciones. La Fundación Faro habla de casi 5.000 millones de pesos en donaciones. Bueno, eso tiene que tener una explicación, que la tiene que dar a la Justicia”, afirmó.