La ley que vencio en abril de este año, con media sanción en la Cámara Alta en el mes de mayo y dictamen favorable en la Cámara Baja durante el mes de julio, luego de algunos amagos desacertados, el Secretario Parlamentario envío el citatorio el pasado 15 de octubre. Bajo la orden del día número 427, listado en el séptimo lugar, se sesionó en la Cámara de Diputados y se avanzó en la votación del proyecto de modificación de la Ley 25.422, la cual actualiza el objetivo original del régimen, pasando de la recuperación de la ganadería ovina a la promoción del desarrollo integral de la cadena ovina y de llamas, esto ultimo es lo que se incorporo a la Ley.

El primer proyecto de renovación tuvo sus orígenes en la Mesa Ovina Nacional, que data sus inicios en la materia en 2019 y un proyecto concreto presentado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación en octubre de 2020.
En paralelo, desde distintas latitudes se fueron desarrollando otros proyectos y el que logró la mayor consideración fue el que acercó el senador formoseño José Mayans.
Durante la sesión iniciada en el mediodía del 26 de octubre, luego de 19 horas de actividad en el recinto, llegó el momento de exposición por parte de los legisladores para tratar la orden del día 427, donde logro 182 votos a favor, 2 negativos y ninguna abstención, que permite tener Ley Ovina hasta el 2031.

Principales aspectos que considera la Ley: 
– el presupuesto para el año 2022 será de 850 millones de pesos (desde 2011 es de 80 millones).
– no se incluyó una cláusula con un índice de actualización del monto asociado al presupuesto original de 20 millones de dólares, sino que dependerá del presupuesto que se establezca anualmente, con un valor de 850 millones de pesos o más.
– la distribución de los fondos se realizará en función del stock de cada provincia y no con un balance entre la cantidad de productores y el stock declarado.
– se pasa del 15 al 20% del presupuesto para los programas de estímulo Prolana y Procarne (Cordero Argentino).
– el recupero de fondos de los AR (Aportes Reintegrables) no regresa a las provincias para su administración sino que retorna al fondo común y se vuelve a reasignar en función del criterio predefinido.