A excepción de los diputados de derecha y los de izquierda, el resto está interesado en que este año se apruebe la «Ley de leyes», en especial el oficialismo y Juntos por el Cambio. El Frente de Todos porque todavía tiene por delante 13 meses de gestión y necesita dar señales claras al FMI en torno al acuerdo sellado en marzo pasado. En la otra vereda, la coalición opositora confía en que en 2023 volverá a la Casa Rosada con el peronismo como principal adversario, pero para eso antes deberá conseguir gestionar con éxito las contradicciones y diferencias internas que subsisten entre los diferentes espacios.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, descolocó a varios hace unos días cuando anunció que su fuerza no acompañará el Presupuesto, a contramano de lo que vienen pregonando los referentes parlamentarios del interbloque opositor, que adelantaron que votarán a favor a nivel general y rechazarán algunos de los artículos, entre ellos el 96 que prorroga hasta diciembre del año próximo las facultades del Ejecutivo nacional para bajar o subir las alícuotas de los derechos de exportación.

Sobre ese punto, más allá de los matices en materia de retenciones, en Juntos por el Cambio están todos de acuerdo en que hay que intentar que el oficialismo no alcance los números para su aprobación. El interbloque Federal, que preside Alejandro «Topo» Rodríguez, va por el mismo camino, al igual que Javier Milei y José Luis Espert. Los únicos que tienen dudas respecto a qué postura adoptarán son los integrantes del interbloque Provincias Unidas, encabezado por Luis Di Giacomo.

Las chances de que el oficialismo modifique ese artículo durante la sesión son bajas. Según sostienen en la bancada del Frente de Todos, que lidera Germán Martínez, «se hicieron múltiples cambios» al texto original que fueron acercados desde la oposición y «aún así Juntos por el Cambio no firmó el dictamen«. «Siempre van a encontrar una excusa para plantear algún ‘pero'», remarcan.

Uno de los argumentos de la alianza opositora para no acompañar el despacho del oficialismo fue que justamente no se modificó ni eliminó el artículo 96. Por el contrario, el diputado Ignacio García Aresca, de Córdoba Federal, firmó, pero en disidencia parcial porque el espacio al que pertenece acompañará el Presupuesto pero rechazará ese artículo.

En la oposición sostienen que están en condiciones de reunir entre 129 y 130 votos para «voltear» ese apartado.

Ganancias

Otra de las cuestiones en las que el oficialismo discrepa con la oposición, pero aún más con el Poder Judicial, es en el artículo 100, que establece que los jueces deberán pagar Ganancias. La propuesta que acercó el diputado oficialista Marcelo Casaretto a la comisión de Presupuesto y Hacienda fue apoyada por el radical Lisandro Nieri, sin embargo desde la bancada de la UCR aseguran que el asunto «no fue discutido previamente en Juntos por el Cambio».

En los últimos días, en la Cámara baja comenzó a sentirse con más fuerza el lobby del Poder Judicial para impedir que los magistrados abonen ese tributo. La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que preside el fiscal Carlos Rívolo; y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que encabeza Marcelo Gallo Tagle, -que se reunirá de apuro esta semana con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia- están en contra de que se incorpore el tema al Presupuesto.

Como antecedente, en 2018, el gobierno de Cambiemos intentó dar el debate en el Congreso para que los jueces empezaran a pagar Ganancias, sin embargo no fue posible avanzar con el proyecto que había presentado un grupo de diputados oficialistas de aquél momento por la presión de las asociaciones que nuclean a magistrados y fiscales. En 2020, el gobierno de Alberto Fernández tampoco pudo terminar con las «jubilaciones de privilegio» por las críticas de los funcionarios judiciales, siempre bajo el argumento de que se trataba de un «embate contra la Justicia».

En caso de que esta vez se apruebe el artículo 100, en Juntos por el Cambio y en menor medida en el Frente de Todos creen que sucederá algo similar a lo de 2017, cuando se sancionó una ley para que los magistrados designados a partir de ese año paguen Ganancias y finalmente muy pocos lo hicieron a raíz de las múltiples medidas cautelares que se presentaron para evitar abonar este tributo.