El 1 de septiembre del año 2022, los y las argentinas presenciamos uno de los hechos más aberrantes desde la vuelta a la democracia, en 1983. Luego de vivir los años más oscuros de nuestra historia, quienes habitamos nuestra patria firmamos un pacto democrático que a esa fecha llevaba casi 40 años. Aquel día se rompió. Las imágenes recorrieron el mundo: en Argentina intentaron asesinar a una vicepresidenta en funciones que fue dos veces Presidenta de su país.

El intento de asesinato a Cristina no solo significó la ruptura de dicho pacto democrático, sino también una forma de disciplinamiento político a los dirigentes políticos.

Las inconsistencias durante la investigación y el juicio, que se está desarrollando en estos momentos, tiene enormes irregularidades y evidencia el entramado cómplice del poder judicial, político y mediático que busca asegurar impunidad a sus autores intelectuales y a quienes lo financiaron.

A continuación, voy a detallar algunas de las inconsistencias de la investigación:

• El celular de Sabag Montiel, autor material del hecho, una de las claves para indagar quién mató a Cristina, fue destruido mientras estaba en poder de la jueza Capuchetti. ¿Qué había en el celular de Sabag Montiel?
• La familia Caputo contrató, meses antes del atentado, a el jefe de la agrupación “Revolución Federal” a la que pertenecía Sabag Montiel, para que diseñé muebles que la familia utilizaría en una casa en el sur por millones de pesos. ¿Por qué Caputo financió al autor material del intento de asesinato a Cristina?
• La defensa de Cristina pidió que se investigue el celular de Gerardo Milman, Diputado Nacional del PRO, por considerarlo un potencial actor intelectual, ya que se lo escuchó decir en un bar frente al Congreso “cuando la maten voy a estar camino a la costa”. El celular fue pedido recién meses después y Milman ya había borrado todo el contenido. Una burla a la justicia.

A las tantas irregularidades de la causa, quienes queremos que se investigue quiénes mandaron a matar a Cristina, también debimos soportar un silencio mediático, político y social sin precedentes, que funciona como la garantía de impunidad para disciplinar a nuestros dirigentes y para romper el pacto democrático.

Por Maria Elena Defunchio / Senadora Provincial.