El Gobierno Nacional ha ordenado el pago de un bono a tributar por el sector privado y algunos estamentos públicos nacionales; la mayoría de las provincias en uso de su federalismo y consecuente autonomía, se han opuesto al pago del mismo.

En el día de la fecha, se ha dado a conocer el decreto 438 que lo instrumenta, se advierte que el Gobierno impulsa la medida para «mitigar la caída en los salarios reales hasta que la negociación colectiva consiga recuperar el poder adquisitivo por la aceleración inflacionaria inesperada».

Desde CRA, rechazamos la medida desde las formas y el fondo de la misma, dado que vulnera la negociación colectiva, impone cargas gravosas para el sector empleador y no tiene en cuenta la mejora en el salario real que se ha dado en la última paritaria entre partes. Y también denostamos el oportunismo de algunos gobernadores que tienen elecciones provinciales y han aprovechado para resaltar que van a pagar el bono.

En efecto, el pasado 12 de agosto del corriente año, tan sólo tres semanas atrás, en el marco de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario y con el voto decisivo de la representación oficial del Estado, se impuso la actualización salarial hasta Octubre, con ello se superó todas las proyecciones inflacionarias, el crecimiento del tipo de cambio incluida la última devaluación, en consecuencia en el marco de paritarias libres, lo resuelto por resolución 157/23 de CNTA, supera y desdice a los argumentos esgrimidos para obligar a un bono de decidido corte electoralista.

Paga nuestro sector, el aprovechamiento político electoral, de tener de ministro de Economía e impulsor de la medida, a quien, al mismo tiempo es el beneficiario electoral de la medida que ordena.

No es Plan Justicia, como livianamente se ha sostenido, sin profundidad de análisis, es, para nuestro sector, el quiebre de las paritarias libres, el intento de consolidar la imposición unilateral como ejercicio de la política, el desconocimiento de la realidad del sector y la ausencia de institucionalidad en el manejo de las políticas públicas, que confunde la política salarial de un sector con la campaña política de un candidato que se apropia de las decisiones del Gobierno, en beneficio electoral propio.

No solo el campo debe cotidianamente, tratar de superar la inflación de costos, el retraso cambiario, las distorsiones de precios, las tasas de interés bancarias, la triple presión impositiva, las restricciones comerciales, sequias, emergencias y ahora se agrega una nueva imposición salarial.

Una vez más reclamamos que el Gobierno recupere el ejercicio institucional y se dedique a ordenar las cuentas públicas y el proceso inflacionario al que nos ha sometido, CRA quiere y respeta paritarias, pero no está dispuesta a pagar campañas políticas.