Los senadores Felicitas Beccar Varela, Walter Lanaro y Gabino Tapia solicitaron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio de Seguridad que informen de qué manera van a implementar la resolución dictada por el Tribunal de Casación Penal  de la provincia de Buenos Aires, que ordena el arresto domiciliario durante el tiempo que se extienda el aislamiento preventivo social y obligatorio determinado por el Ejecutivo nacional.

En este sentido, pidieron a los ministerios que  aporten el listado de las personas que serán beneficiadas con el arresto domiciliario que están detenidas en cárceles, alcaldías y comisarías por delitos leves y/o sean  población de riesgo,  como así también se aclare el delito por el que están imputados y/o condenados.

Beccar Varela

A lo largo de la presentación los legisladores buscan conocer,  qué criterio se va a tomar en aquellos casos de personas imputadas o condenadas por agresiones sexuales u otras formas de violencia de género ocurridas en el ámbito doméstico o familiar, ya que consideran que  “es prioritario  evitar una vinculación forzada con la víctima o su familia ante una detención domiciliaria en el mismo ámbito en el que los hechos fueron cometidos”.

Por otra parte, los senadores de JxC,  solicitaron al Ejecutivo provincial que brinde detalles sobre las medidas que adoptarán para cumplir con la resolución que autoriza el uso de celulares en las unidades penitenciarias de la Provincia en el marco de la situación de aislamiento.

“Queremos conocer la cantidad de dispositivos móviles que se encuentran registrados para ser utilizados por los detenidos y cuáles serán las medidas para evitar el uso de celulares no registrados”; y además,  “de qué manera se controlarán los casos  de personas procesadas y/o condenadas por hechos cometidos  a través de las redes sociales o dispositivos telefónicos  y las garantías adoptadas para las personas que resulten víctimas de los delitos de acoso e intimidación”, remarcaron los senadores de Juntos por el Cambio.