La discusión por la modernización laboral sumó la intervención del sector agropecuario en el Congreso. En el marco del Plenario de Trabajo y Presupuesto del Senado, Fundación Barbechando participó del debate y presentó observaciones al proyecto oficial, con foco en la estructura productiva del agro argentino y su capacidad real de inversión.
La exposición en la comisión de trabajo en la cámara alta estuvo a cargo del productor agropecuario David Hughes, tesorero de Barbechando, quien destacó, «Celebramos que la agroindustria esté en la agenda, lo habíamos visto pasar últimamente; y también celebramos la incorporación de la Ley de Trabajo Agrario 26.727, que muchas veces cuando se tratan temas laborales quedamos afuera, excluidos», dijo

Hughes subrayó que el sector agropecuario argentino está compuesto mayoritariamente por pymes y productores individuales. Según datos del último Censo Nacional Agropecuario de 2018, el 85% de los productores (211.928 de un total cercano a 250.000) son personas humanas, una característica que, afirmó, debería reflejarse tanto en la reforma laboral como en los esquemas impositivos asociados.

En relación con el Régimen de Incentivos a las Medianas Inversiones (RIMI), el dirigente valoró la orientación general del proyecto y la inclusión de herramientas fiscales para promover inversiones productivas. Entre ellas mencionó los incentivos para sistemas de riego, bienes de alta eficiencia energética y la devolución del saldo técnico del IVA, un reclamo histórico del sector agropecuario.

Sin embargo, el principal señalamiento estuvo puesto en los montos mínimos de inversión exigidos para acceder al régimen. Hughes advirtió: «Entendemos que las pymes no tienen una gran capacidad de generar fondos. Si yo considero el promedio entre 0 y 456.000 dólares las ventas, tomo un 10% de ganancia, es debatible pero para trabajar con un número, me da una ganancia de 22.800 dólares por año. Y la propuesta del proyecto está pidiendo una inversión mínima de 150.000 dólares».

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En otro tramo de su alocución en el Senado, dijo «es muy difícil que una micro pueda afrontar un crédito, porque realmente esto se hace con crédito, de esa índole. Entonces lo que estamos solicitando es que revisen hacia abajo los montos mínimos para las cuatro categorías». El objetivo es evitar que los beneficios queden concentrados en empresas de mayor escala y permitir que los incentivos alcancen al entramado productivo del interior del país.

Otro de los puntos planteados por Hughes fue la necesidad de extender la reducción del impuesto a las ganancias también a las personas humanas, y no solo a las personas jurídicas. Según indicó, esta modificación permitiría un tratamiento más equitativo y fortalecería la capacidad de reinversión de los pequeños y medianos productores. 

En el cierre de su intervención, David Hughes concluyó diciendo «que estemos debatiendo esto, nos parece realmente muy importante para generar inversión y desarrollo en el resto de nuestro país, más allá de Buenos Aires». Y remarcó: «Queremos recordar que todavía quedan los derechos de exportación y también seguramente quedarán otros temas para tratar, al cual esperemos que estemos invitados para poder ayudar a generar otros incentivos o simplificaciones también en el manejo de las pymes agropecuarias».