A pocos días que venza el decreto que congela las cuotas de los créditos UVA, el valor de los alquileres y suspende desalojos, el Gobierno evalúa por estas horas si realiza una prórroga, mientras entidades que reúnen a inquilinos y tenedores de hipotecarios piden que se avance en ese sentido y cámaras inmobiliarias presionan para que la administración de Alberto Fernández de por finalizado el alcance de esa normativa.

De un lado y otro insisten, con posiciones bien encontradas, en que el Gobierno dé una respuesta cuanto antes. En lo que tiene que ver con los 9 millones de familias que alquilan es porque es necesario planificar con tiempo qué va a pasar y si deben buscar una nueva vivienda para vivir. Las inmobiliarias, en tanto, aseguran que el decreto hace colapsar al sector, que viene soportando un mal año con la pandemia.

“A solo 12 días de que finalice el decreto y cientos de miles de familias queden en la calle, el Gobierno nacional aún no ha dicho una sola palabra sobre la crisis habitacional que afrontamos las familias Inquilinas”, expresaron desde Inquilinos Agrupados, y se mostraron preocupados ante las versiones que indican que el decreto sería extendido “solo un mes” más.

“Extender el decreto sólo un mes es la confirmación de cientos de miles de familias desalojadas el 1° de marzo”, manifestó Gervasio Muñoz. “Mientras los países suspenden desalojos hasta septiembre y brindan ayuda económica para saldar las deudas de alquileres, aquí se toman medidas cortoplasistas”, sostuvo.

Cabe recordar que el Gobierno decidió en septiembre pasado mantener suspendidos los desalojos por falta de pago y seguir con el congelamiento de precios de los alquileres. Así había sido establecida a fines de marzo con el decreto 320, con fecha de finalización el 30 de septiembre. Pero ante la emergencia económica y sanitaria por la crisis del coronavirus, el Gobierno decidió prorrogar las medidas hasta el 31 de enero de 2021. Ahora resta saber si habrá una nueva prórroga.

La semana pasada, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, se reunió con Integrantes del Consejo Superior de Martilleros bonaerenses, quienes le plantearon la difícil situación que atraviesa el sector. Su titular, Juan Carlos Donsanto, habló de “las múltiples consecuencias adversas que importaría prorrogar el decreto”. Mientras que el vice, José María Sacco, expresó que “el decreto desde que entró en vigencia contempla la realidad de un solo actor en el vínculo locador-locatario, y altera las reglas contractuales entre dos partes, entre muchos otros aspectos cuestionables”.

Hipotecarios en la mira

El otro frente que tiene que afrontar el Gobierno y también el decreto vence a fin de este mes es el de los créditos UVA para vivienda. Todo indica que si se descongelan las subas serían en torno al 51%, algo que complicaría a miles de familias que buscaron acceder a su hogar.

Las cuotas de los créditos UVA fueron congeladas por primera vez a través del decreto 319 a fines de marzo de este año por 180 días (seis meses) y luego el congelamiento se prorrogó con el decreto 767 por cuatro meses más, ya que, en vez de vencer el 31 de septiembre, lo hará el 31 de enero. Desde febrero y hasta julio de 2022, las cuotas sufrirán aumentos por encima de la inflación, de modo tal que los hipotecados “devuelvan a los bancos” las sumas no abonadas por efecto del congelamiento.

Según explicó Perla Figueroa, referente de los tomadores de UVA, si se levanta el congelamiento de la cuota, la suba rondaría el 50% y llegaría al 160% si se suma el valor que los hipotecados dejaron de pagar desde el momento que entró en vigencia la medida del Gobierno de Alberto Fernández de no modificar los valores. “Necesitamos que se reajusten nuestras deudas. Nuestros ingresos nunca tuvieron el ritmo inflacionario. Cuando termine el congelamiento, vamos a tener un aumento al final del año de 160%”, explicó.

Figueroa contó que ella tomó en 2018 un crédito por $2.500.000, con una cuota inicial de $16.000 y ahora su deuda asciende a $6.000.000 pese a pagar cada una de las cuotas. Además, si se levanta el congelamiento en febrero pasaría a abonar una cuota de $46.000.

Hasta mediados de 2019 se habían otorgado cerca de 110.000 créditos hipotecarios UVA y un 50% de la cartera estaba en manos del Banco Nación, un 20% en el Banco Provincia de Buenos Aires, un 5% en el Banco Ciudad y el restante 25% se distribuía entre el Santander, el BBVA y el Macro. (DIB)