La Cámara de Diputados de la Nación acaba de aprobar el proyecto oficialista de Ley del Fuego que limita el uso privado y comercial de tierras incendiadas, prohibiendo específicamente el desarrollo de emprendimientos o actividades distintas al uso que esos terrenos tenían al momento del incendio y la venta de dichos inmuebles en plazos que van de 30 a 60 años.

Se trata, sencillamente, de un mamarracho escrito desde la ciudad, sin entender la problemática rural, con un alto nivel de injusticia y con severas fisuras jurídicas.

Este proyecto emanado desde la desinformación, el prejuicio y la irresponsabilidad no separa un incendio intencional de uno accidental, transformando la norma en un literal despropósito. Por eso, si el Senado confirma este dislate, quien haya tenido fuego en su campo, haya sido deliberado o no, queda imposibilitado de cambiar de actividad o de venderlo por hasta 60 años.

Considerar de antemano que existe una presunción de intencionalidad (de cometer el incendio) es arbitrario y condena a quien sufrió un accidente en su campo, sin tener derecho alguno a la defensa. De este modo, el damnificado sufre el daño del fuego y la sanción del Estado por varias décadas. Esta situación es insólita e inconstitucional, porque si bien no se pierde el inmueble, se impide disponer de él, alterando claramente el derecho a la propiedad.

Inclusive, hay ejemplos de sobra que pueden ilustrar aún más este desaguisado. Entre ellos, el caso de un campo que esté en proceso de sucesión o en plena de división de bienes y que se incendia accidentalmente. En ambos casos la acción quedará inmovilizada por hasta 60 años. Un disparate.

Lo que aflora aquí es la incapacidad del Estado para controlar el fuego, para investigar y para buscar herramientas lógicas, aplicables e inteligentes para una problemática seria y profunda.

Lamentablemente, estamos en presencia de un nuevo acto de la pereza intelectual e incapacidad manifiesta de un sector que sigue utilizando recetas que abrevan en la revancha, aplicando castigos en lugar de soluciones, condenando sin derecho a defensa e impulsando una vez más medidas que implican una severa parálisis a la actividad productiva del país.