La declaración de la Emergencia Social por tres años en toda Argentina fue aprobada este martes 6/12 en la Cámara de Diputados con apoyo casi unánime, tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y movimientos sociales con el acompañamiento de la CGT.

El proyecto, impulsado por el Movimiento Evita, obtuvo 227 votos a favor, y se estima que beneficiará a $3,5 millones de trabajadores, lo que significará para las arcas estatales un costo de $30.000 millones. Al momento de la votación hubo 4 abstenciones, del Frente de Izquierda, que reclamó otras medidas como el blanqueo y el pase a planta permanente de los trabajadores precarizados.

Hubo un solo voto en contra, del monobloquista salteño Alfredo Olmedo. La iniciativa, que ahora deberá tratar el Senado, propone declarar la Emergencia Social hasta el 31/12 de 2019 en todo el territorio nacional, y fue negociada por la CCC (Corriente Clasista y Combativa), la CT EP (Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular) y Barrios de Pie, que este martes llevó adelante cortes en la Capital Federal y numerosas ollas populares en distintos puntos.

El proyecto consta de 12 artículos y establece la creación del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (CEPSSC) en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, como “ámbito institucional permanente”.

Este organismo, que comenzará a funcionar 90 días después de la promulgación de la ley, estaría conformado por un represente del Ministerio de Trabajo, uno del Ministerio de Desarrollo Social, uno del Ministerio de Hacienda y tres de las organizaciones sociales.

En el artículo 7 de la norma se indica que “los actuales programas sociales nacionales se articularán con la intervención del CEPSSC, promoviendo su progresiva transformación en Salario Social Complementario”.

Por otra parte, se crea el Registro Naci onal de la Economía Popular (RENATREP), donde deberán inscribirse los trabajadores de esta categoría para poder acceder a los beneficios. Mediante la norma, el jefe de Gabinete estará facultado a “efectuar las reestructuraciones presupuestarias necesarias” para proveer los fondos adicionales que exige la ley, hasta un monto de 25.000 millones de pesos, durante los tres años que dure la Emergencia Social.

En el caso de que al 31/12 de 2018 esos fondos hubieran sido ejecutados, el jefe de Gabinete podría resignar partidas por otros $5.000 millones, como máximo. La ley tiene como objetivo “defender los derechos de los trabajadores que se desempeñan en la economía popular en todo el territorio nacional, con miras a garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional”.