El Juzgado de Garantías N°1 de La Plata confirmó que mañana se realizará la apertura del celular de Julio «Chocolate» Rigau, el puntero del peronismo detenido por cobrar el sueldo con tarjetas de débito de 49 empleados de la Cámara de Diputados bonaerense, y ordenó seguir con todas las medidas de prueba que dispuso la fiscalía.

La pericia al teléfono del único acusado del caso se hará este miércoles, en la sede de la Unidad Funcional de Instrucción N°15 de La Plata, a las 8.30, por parte del perito Alejandro Leyes.

La fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N°2, pidió indagar en la agenda de contactos, sus mensajes de WhatsApp y llamadas entrantes y salientes.

De esa forma, la Justicia no hizo lugar a los reiterados pedidos de los abogados defensores de Rigau para que no se avanzara con las pesquisas sobre el celular.

En el texto dirigido al Juzgado de Garantías, la defensa del puntero político pidió la suspensión de las medidas de prueba requeridas por la fiscalía, al considerarlas «un flagrante alzamiento a la resolución de la excelentísima Cámara de Apelaciones y Garantías que afrenta garantías constitucionales».

Pese a este reclamo, se hizo lugar al pedido de la fiscal Lacki, al señalar que «encuentra sustento en el principio de amplitud probatoria», por lo que dio aval a continuar con la investigación hasta tanto el Tribunal de Casación defina si reabre la causa o no, tras la apelación por parte del fiscal general, Héctor Vogliolo.

La investigación quedó frenada hace dos semanas cuando la Cámara de Apelaciones, con el voto de los jueces Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo, ordenó liberar a «Chocolate» y anuló la causa argumentando que había sido detenido de manera ilegal. Ahora está en manos de la Cámara de Casación.

La fiscal no esperó a Casación y el miércoles pasado avanzó con varias medidas, como abrir el celular Samsung, modelo SM-G532M de color gris, que le secuestraron a Rigau el día de su detención. Al respecto pidió «un análisis técnico completo y detallado del contenido del aparato, informando resultado de la agenda, videos, imágenes y comunicaciones entrantes y salientes así como cualquier otro dato de interés».

Lacki busca determinar de qué trabajan los supuestos empleados que percibían 580.000 pesos mensuales y le daban la tarjeta a Rigau para que les cobre el sueldo.

Quiere establecer dónde trabajaban, quién era su jefe, qué régimen laboral tenían, a que hora entraban y salían, ya que sospecha se trata de «ñoquis» que estaban anotados como empleados, cobraban parte del sueldo o alguien los cobraba por ellos. La fiscal solicitó los contratos de cada uno y el legajo de Rigau.