Desde el punto de vista de la salud mental, los y las adolescentes poseen vulnerabilidades particulares, por su etapa del desarrollo; y a esto se suma secuelas que ha dejado la pandemia además de los factores de riesgo asociados al suicidio, como la pérdida de empleo o la crisis económica, los traumas o abusos y los trastornos mentales. Según datos estadísticos en Argentina, 1 de cada 3 personas presenta un problema de salud mental a partir de los 20 años y las problemáticas más frecuentes son los trastornos de ansiedad, de estado de ánimo y los problemas por consumo de sustancias; a nivel mundial 1 de cada 4 personas padece algún tipo de trastorno mental según la OMS y de éstos, dos tercios no reciben ningún tipo de atención.

En nuestro país la Ley Nº 27.130 establece como funciones y deberes de la Autoridad de Aplicación la capacitación de los recursos humanos en salud, la elaboración de protocolos de intervención y de registros a los fines del mejoramiento de la información estadística, el desarrollo de campañas de concientización sobre factores de riesgo y la generación de factores de protección a través de los medios masivos de comunicación y otros alternativos, y en el artículo 6° inciso “e” la creación de un sistema de registro que contenga información estadística de los intentos de suicidios, suicidios cometidos, causa de los decesos, edad, sexo, evolución mensual, modalidad utilizada y todo otro dato de interés a los fines del mejoramiento de la información estadística, la que será proporcionada por los sectores dedicados a la problemática del suicidio, públicos y privados.

En base a esta norma es que los ediles de la UCR solicitan se informe sobre el funcionamiento del servicio de psiquiatría del hospital y que registros estadísticos lleva la institución. Además se pide información sobre el seguimiento de los pacientes y la contención que reciben los familiares y que campañas de prevención se están llevando adelante.