El Gobierno de Javier Milei oficializó la prohibición de cobrar tasas municipales en servicios públicos, una medida que había adelantado el ministro de Economía, Luis Caputo, y que hizo escalar la tensión de la administración nacional con los intendentes, quienes advierten que se trata de un mecanismo para “ahogar” a los municipios.

Todo comenzó la semana pasada cuando Caputo criticó a los intendentes por los elevados tributos locales y los acusó de “obstaculizar el programa económico” del Gobierno para bajar la inflación.

Los jefes comunales se defendieron al explicar que el recorte de fondos y de transferencias afectan el funcionamiento de las comunas y que se trata de tributos progresivos que buscan redistribuir la carga impositiva sobre los sectores económicos con mayor capacidad contributiva. “Parece un modus operandi: rompen todo y le echan la culpa a otro”, le reprocharon.

No obstante, el conflicto escaló. Y el Gobierno buscó entre sus posibilidades un mecanismo para limitar esos cobros. Ayer, Caputo anunció la medida en redes y hoy fue oficializada. Esa decisión promete aún más polémica, al verse concretada en una resolución oficial que se mete de lleno en la discusión por los recursos entre las distintas jurisdicciones.

La medida fue establecida en el Boletín Oficial mediante la resolución 2024-267 de la Secretaría de Comercio, que dirige Pablo Lavigne. En su artículo primero dicta: “La información relacionada con los conceptos contenidos en los comprobantes emitidos por los proveedores de bienes y servicios en el marco de las relaciones de consumo, conforme las denomina el Artículo 3° de la Ley N° 24.240 y sus modificatorias, deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor y suministrado por el proveedor, no pudiendo contener sumas o conceptos ajenos a dicho bien o servicio, sin perjuicio de toda otra información de carácter general que corresponda incluir en el documento emitido, conforme a la norma aplicable”.

Tras conocerse la oficialización fueron varios los intendentes que salieron fuerte al cruce. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, consideró que “el gobierno de Javier Milei tiene decidido ahogar a los municipios”.

En esa línea, le reprochó que “las tasas que se cobran en las boletas están por convenio hace años y no han variado sustancialmente en el último tiempo. Lo que sí cambió son los valores de las facturas, como podemos ver en las imágenes”.

“Lo que están viendo todas las familias argentinas es un tarifazo insensible e impagable de hasta 300%, y que en algunos casos los valores ya superan una jubilación mínima a la que, como si fuera poco, buscan vetarle un aumento. Esto es lo que quieren tapar atacando a los municipios”, dijo Mendoza.

En la misma línea se expresó su par de San Pedro, Cecilio Salazar. En un extenso comunicado planteó que “la verdadera causa de la caída del consumo y la recesión no se debe a nuestras tasas municipales, sino a las políticas económicas del Gobierno Nacional, que han generado un ajuste desmedido y una devaluación que ha licuado los salarios de los trabajadores y jubilados”.

Y recordó: “Es importante aclarar que, según lo establece la Constitución Provincial, tenemos la capacidad de fijar nuestras tasas de acuerdo a las necesidades locales, siempre dentro del marco legal que nos otorga la provincia”.

Por su parte, Julio Zamora, de Tigre, también consideró que la medida del Gobierno “es un hecho inconstitucional porque mediante un decreto se quiere modificar una ley provincial”. Y sostuvo: “Gobernar también es cobrar impuestos. Tenemos esa responsabilidad. La verdad es que tenemos que sostener una situación económica y social que nos implica más gastos, y vemos que el Gobierno nacional pretende que tengamos menos recursos o menos posibilidades de acceder a ingresos”, consideró en declaraciones radiales.