Ante los fuertes aumentos en el impuesto Inmobiliario Rural bonaerense, diputados provinciales de la oposición (Juntos) exigieron al gobernador de la provincia, Axel Kicillof, y al titular de Arba, Cristian Girard, que cumplan con la ley impositiva. Dijeron que miles de contribuyentes sufrieron incrementos en el tributo altamente superiores a los límites establecidos por la normativa.

En ese sentido, los legisladores de la Coalición Cívica, el PRO y la UCR pidieron que “se arbitren con urgencia las medidas necesarias para corregir esta situación a la mayor brevedad posible”.

A lo largo de todo el debate de la ley, se ha procurado establecer un límite al incremento impositivo aplicable en relación a dicho impuesto, a efectos de proteger a los contribuyentes de exorbitantes aumentos, sin a su vez desfinanciar al tesoro provincial en un contexto de crisis económica y alta inflación que se viene padeciendo hace ya mucho tiempo”, planteó la misiva que surgió luego de la negativa de tratar el proyecto de modificación de la ley impositiva para fijar topes impulsada por el diputado provincial, Luciano Bugallo.

Asimismo, aclaró que, “en pos de lograr un adecuado equilibrio, se estableció en el artículo 10º claros límites al porcentaje de incremento final a aplicar”. “En tal sentido, específicamente se dispuso una escala de alícuotas fijas, determinándose que el impuesto resultante por la aplicación de dicha escala, no podrá exceder respecto del calculado en el año 2023 los diferentes topes aplicables de acuerdo a la base imponible. El tope más alto se fijó en el 200%”, dijeron.

Según explicaron los diputados de la Coalición Cívica, el PRO y la UCR, ese límite establecido del 200% entre lo efectivamente pagado en el ejercicio 2023 y el tributo a pagar en el ejercicio 2024, “es más que suficiente para cubrir los desfasajes de la macroeconomía, hasta supera los índices inflacionarios nominales producidos en la misma, aun teniendo en cuenta que los tributos no pueden indexarse por índices de ajuste impuestos”.

“Vemos con gravísima preocupación que el fisco de la provincia de Buenos Aires no haya respetado ni el texto del art. 10º ni el espíritu de la norma sancionada”, enfatizaron en la carta dirigida a Kicillof y Girard y agregaron que “en los casos comprobados donde el organismo recaudador superó el límite de aumento permitido, configura un accionar antijurídico pasible de lo dispuesto por el artículo 57 de la Constitución provincial”.

“Resulta imperativo que se revisen los criterios de actualización de Impuesto Inmobiliario Rural a efectos de adecuarlos correctamente a los límites determinados por el art. 10º de la ley 15.479, junto a la aplicación de los descuentos o bonificaciones que regían por pago en término y/o utilización de la boleta electrónica, lo que así solicitamos para evitar consecuencias mayores a las que ya está produciendo el accionar fiscal”, finalizaron.

La Nacion