El Gobierno avanza en la elaboración de un proyecto de ley para declarar a las garrafas como servicio público, regulado por el Estado y con tarifas uniformes en todo el país. La iniciativa beneficia a 16 millones de personas que no cuentan con el servicio de gas por redes y son víctimas de todo tipo de abusos, en especial sectores vulnerables.

A igual nivel de consumo, aquellos que utilizan garrafas terminan gastando hasta el doble de dinero que un usuario residencial. El Frente de Todos contaría en este tema con el apoyo de sectores de la oposición, incluso de Juntos por el Cambio, lo que quedó expresado en el debate de la ley para ampliar el alcance de la tarifa reducida de gas a regiones del país que sufren bajas temperaturas.

Federico Bernal, interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), está al frente de la redacción de la iniciativa para dar respuesta a un reclamo histórico de las asociaciones de consumidores y usuarios. El gas licuado de petróleo (GLP) envasado, es decir las garrafas, tiene un precio de referencia fijado por el Estado, pero en la práctica se impone la ley del mercado: cada cual cobra lo que quiere, dependiendo muchas veces de los grados de concentración del negocio. Cada distrito es un mundo. El poder de fraccionadoras y distribuidoras se hace sentir en cada caso.

Las garrafas de 10, 12 y 15 kilos tienen valores de referencia que determina la Secretaría de Energía de la Nación. La última actualización fue en abril, después de quince meses de congelamiento, desde julio de 2019. Para el envase de 10 kilos, el más utilizado, se determinó un sendero de precios que llegó este mes a 435 pesos, sin contar IVA, Ingresos Brutos ni el costo por entrega a domicilio.

“Los precios al público son muy distintos en cada ciudad. La garrafa de 10 kilos se está pagando a 600, 800 y hasta 1200 pesos en diferentes puntos del país. El único lugar donde se consigue al precio oficial es en los depósitos de fraccionadoras y distribuidoras. Pero son pocos en relación a las necesidades de la demanda. En un radar de tres o cuatro municipios por ahí hay un solo lugar. Entonces la gente termina comprando en el comercio del barrio o a los garraferos que hacen la distribución, y los valores son cualquier cosa”, describe Silvia Jensen, integrante de la Red Nacional de Multisectoriales.

“En líneas generales, las personas que no poseen gas de red son las de menor poder adquisitivo. En muchos casos se debe a que en las viviendas precarias no es posible la instalación por cuestiones de seguridad o porque no tienen poder adquisitivo suficiente para pagarla con las condiciones de seguridad adecuadas”, describió a su vez Raúl Bertero, presidente del Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (Ceare), en declaraciones al portal Chequeado. (DIB)