Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las medidas de aislamiento ya afectan a 8 de cada 10 trabajadores en el mundo debido a que impiden el normal desarrollo de muchos rubros, limitan el traslado a los puestos de trabajo y reducen de forma significativa la demanda interna.

Además, el comercio internacional, según la Organización Mundial del Comercio (OMC), podría exhibir una caída de hasta 30% este año, siendo especialmente perjudicadas las industrias asociadas a cadenas de valor más complejas.

Por su magnitud, el caso más ilustrativo del impacto de la pandemia en el mercado de trabajo es el de Estados Unidos. Se registraron más de 20 millones de solicitudes (casi el 15% de la fuerza laboral) para cobrar el seguro de desempleo y algunos analistas sugieren que la desocupación podría alcanzar 20% en abril.

Si bien la destrucción de puestos de trabajo en estas últimas semanas habría borrado la generación neta de la última década, Estados Unidos se caracteriza por tener un mercado laboral flexible, algo que aprovecha en las expansiones económicas y favorece las desvinculaciones en un contexto como el actual.

Por el contrario, el mercado laboral en Argentina es mucho más rígido. El mayor costo por contratar formalmente un trabajador desalienta el aumento del empleo en el auge pero brinda una mayor protección en los momentos de crisis. Sin embargo, esto resulta cierto solo para la mitad de los trabajadores: los asalariados formales públicos (3 millones) y privados (6 millones). Los primeros poseen una elevada estabilidad y en el contexto actual, las dificultades solo podrían llegar con una rebaja temporal de sus sueldos, especialmente en el ámbito subnacional, ya que los ingresos fiscales de las provincias y municipios se están desplomando.

El mundo de los asalariados privados registrados es más heterogéneo, hay productores de bienes y proveedores de servicios (33% y 66%, respectivamente), a la vez que dos tercios del total trabajan en PyME´s. Por este motivo, el efecto de la pandemia en estos trabajadores dependerá del sector en el que se desempeñen y de la capacidad financiera de la empresa para solventar, en una economía ya recesiva, algunas semanas con pocos o nulos ingresos.

Sin embargo, en reiteradas ocasiones, el gobierno hizo hincapié en priorizar la preservación del empleo: a comienzos de año se implementó la doble indemnización (en principio por seis meses) y luego se prohibieron los despidos por dos meses (abril y mayo). Pero las empresas cuyos ingresos se vieron desplomados por la cuarentena no pueden cubrir los gastos fijos por muchas semanas: si no se les reduce la carga salarial corren el riesgo de quebrar generando pérdida de empleos (lo que inicialmente se quería proteger) y además capital organizacional.

Pese a que tras una nueva extensión de la cuarentena, el Ejecutivo anunció que va a cubrir una parte (hasta un salario mínimo) de las PyME´s y reforzó el REPRO, el riesgo de que no se puedan pagar salarios y/o que cierren empresas creció significativamente. En este contexto, algunos gremios comenzaron a aceptar recortes salariales a cambio de estabilidad laboral. Por ejemplo, recientemente la UOM acordó una reducción del 30% del salario para los empleados que no puedan regresar a trabajar tras la cuarentena, con el fin de evitar despidos. Otros sectores con actividades paralizadas como pasteleros y petroleros también admiten la necesidad de rebajas para mantener los puestos de trabajo. Es probable que este acuerdo entre partes se generalice si la cuarentena se prolonga y/o la recuperación de la actividad se demora.

¿Y qué pasa con la otra mitad de trabajadores? La otra cara del mercado laboral está compuesta por casi 5 millones de asalariados informales y más de 4 millones de cuentapropistas, de los cuales alrededor del 60% se encuentra registrado. La precariedad de gran parte de estos trabajadores los pone como la parte flexible de nuestro mercado laboral y quienes más sufren la crisis: sus empleadores no logran recibir ayuda del gobierno y el eventual desempleo los encuentra sin un seguro al que recurrir.

En este sentido, el Ingreso Familiar de Emergencia ($10.000) intenta asistir a muchos de estos trabajadores, pero dicho importe es mucho menor al percibido anteriormente. De este modo, el efecto de la cuarentena en el mercado de trabajo tendrá dos aristas.

En primer lugar, la preocupación pasa por los informales y cuentapropistas, quienes ya están sintiendo el parate económico y serán quienes sufran las mayores pérdidas de empleo. La prevalencia de estas modalidades en los grandes centros urbanos, justamente los lugares en donde hay mas restricciones y mas se demorará en levantarse la cuarentena, es un llamado de atención al gobierno, que no deberá perder de vista este sector de la sociedad y actuar con rapidez. De lo contrario, la preocupación por el virus podrá dejar lugar a la necesidad de subsistir, retroalimentando el riesgo sanitario.

Por otro lado, está la cuestión salarial. Si bien los ajustes a los trabajadores formales cuyas actividades se encuentren parcial o totalmente frenadas no serán permanentes, dejan en claro que las paritarias tendrán que esperar algunos meses más.

El primer paso será volver al nivel salarial inicial para después, si están dadas las condiciones, hacia el último cuatrimestre del año, abrir en la medida de lo posible las distintas negociaciones paritarias. De esta manera, el poder adquisitivo mostraría una fuerte contracción durante los meses de invierno para luego comenzar a recuperar parte del terreno perdido. Sin embargo, en el promedio del año el salario real formal exhibirá una caída el orden del 5%, caída que podría llegar a los dos dígitos si le sumamos la performance de los trabajadores informales.

El impacto final sobre el mercado laboral irá de la mano del derrotero de la actividad. La extensión de la cuarentena, complicaciones en la renegociación de los acreedores ley extranjera y/o un mayor stress en la cadena de pago, profundizarán la caída del empleo.

Fuente: Ecolatina