El campo dice: “Un Gobierno que no respeta la Constitución no es legítimo”

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La decisión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, con el apoyo de la mayoría de los gobernadores argentinos, de incumplir un fallo de la Corte Suprema que ordena restituirle fondos de la coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), generó un fuerte rechazo en el sector agropecuario.

El mismo se expresó a través de comunicados que hicieron circular diferentes entidades que representan al ruralismo.

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) manifestó su “honda preocupación” por esta decisión, al recordar que la división de poderes es una de las bases de la República, y que es esencial una plena independencia de cada uno de ellos.

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“La sociedad no puede permitir estos atropellos que deterioran la calidad institucional de un país y afectan a la democracia atentando contra la Constitución”, subrayó.

Por eso, le reclamó al Poder Ejecutivo que “recapacite” sobre su determinación y respete la decisión de la Corte.

Carbap

Por su parte, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) consideró este hecho un “golpe institucional”.

Y amplió: “En un contexto de euforia mundialista y clima pre navideño, la gravedad de la decisión del Poder Ejecutivo sobre el incumplimiento de dicha medida cautelar no es avizorada aun por la ciudadanía, pero si por los actores económicos generando inseguridad jurídica y más incertidumbre en vísperas de un año de alto contenido político y electoral”.

Para Carbap, “este desafío al orden institucional es más grave aún, al ser promovido por un presidente que dice ser un ‘hombre de derecho’”, y “no hace más que dilatar e impedir la normal recuperación de nuestro país”.

CÓRDOBA

En la misma sintonía, la Mesa de la Producción de Córdoba, de la que participan las cuatro entidades rurales y la Bolsa de Cereales, consideraron de “extrema gravedad institucional” que el Poder Ejecutivo no cumpla un fallo.

También sostuvo que esta “ruptura institucional”, supone una suerte de “desacato” y “transforma a nuestro país en una nación absolutamente inviable“.

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