En un plenario de las comisiones de Agricultura y Ganadería, presidida por el radical Ricardo Buryaile, y la de Presupuesto y Hacienda, a manos del oficialista Carlos Heller, se retomó este martes el debate sobre el proyecto de ley que crea un marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y cáñamo, propuesto por el Gobierno y que cuenta con media sanción del Senado, con voces a favor y en contra la iniciativa pasó a la firma.

Al comienzo de la reunión, en defensa del proyecto la diputada entrerriana Carolina Gaillard (FdT) sostuvo que «es un tema muy importante para muchas familias argentinas porque están esperando este marco legal que les va a permitir acceder al tratamiento con cannabis».

En ese sentido, recordó que en el 2017 se sancionó la Ley 27.350 que fue un «gran paso y un avance en materia de cannabis, pero se limitó a declarar de interés la investigación y estableció algunas cuestiones que permitieron que haya ciertos desarrollos en todo el país, aunque fueron cultivos experimentales y la ley no permitió el cultivo para comercializar, producir y exportar que es lo que viene a hacer este marco legal».

«La Ley generó muchas expectativas, pero no cumplió. Fue insuficiente porque estableció que se garantizaban los tratamientos, pero no brindaba una autorización para que se pueda producir productos de cannabis medicinal», sostuvo la entrerriana.

Además, destacó: «El cannabis medicinal está considerado un estupefaciente y por eso se necesita una autorización para cultivar, para producir, para exportar. Lo que viene a hacer el proyecto es darle un marco legal al desarrollo productivo. Crea una agencia que va a expedir las autorizaciones para cultivar, generando una industria nacional que garantice que se puede producir sustancias seguras y de calidad que es lo que necesitan las familias que hacen uso del cannabis para distintos tratamientos de salud», y subrayó que «hoy la única manera de acceder es con el autocultivo lo cual no es suficiente porque falta el marco legal».

«El tema del cannabis se trata de un mercado global emergente y se presenta como una ventana de oportunidad para el país, permite generar empleo de calidad y por supuesto se prevé que el escenario hacia el 2025 la creación de 10 mil puestos de empleos nuevos, 500 millones dólares de ventas al año. Permite un desarrollo productivo que tiene un universo prominente. Viene a complementar la ley anterior, ya que permite el desarrollo productivo. La creación de la agencia es necesario porque hay que pensar la producción del cannabis como una industria que requiere de una estructura como la agencia que pensará toda la política del desarrollo productivo y de salud», explayó la legisladora del FdT.

«Es importante que haya un registro de semillas de cáñamo y cannabis para no tener que estar importando, la ley 27.350 no fui suficiente porque conseguir el aceite de cannabis no es una posibilidad, las familias lo consiguen con un cultivador solidario porque no hay un marco legal que permita el desarrollo productivo», puntualizó Gaillard y cerró: «El cannabis es un producto vegetal, pero falta un amor legal para que todo aquel que quiera exportar, desarrollar o producir lo pueda hacer. Que las familias que hacen tratamientos con cannabis puedan acceder a un producto de calidad».

A su turno, la legisladora Mara Brawer se refirió a las bondades del cáñamo, que actualmente no es considerado estupefaciente, y aseguró que se trata de «una industria sumamente sustentable» y «toda la cadena productiva tiene huella de carbono negativa». «Es una industria ecológica y que genera puestos de trabajo», añadió.

Entre sus usos, la porteña enumeró que con el mismo se pueden realizar autopartes; se puede utilizar como reemplazante de la fibra de vidrio, plástico; se puede hacer con sus semillas un aceite comestible que no provoca colesterol y suplementos dietarios; productos cosméticos, entre otros. «Son infinitos los usos que tiene esta planta. Esta ley prevé un régimen simplificado», resaltó.

En su uso de la palabra, la diputada Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical – Córdoba) manifestó: «Creemos que es importante crear un marco regulatorio, la industria porque puede ser un potenciador de empleo, es necesario desarrollar el cannabis medicinal». Sin embargo, señaló que «el presente proyecto tiene aristas a marcar», y precisó: «Se crean estructuras nuevas del Estado que son innecesarias porque ya hay estructuras que pueden cubrir eso. Hay una delegación legislativa muy amplia a este ente ARICCAME que sería una delegación a la discrecionalidad de las discusiones del Ejecutivo. Es una normativa que debe ser sustancial para marcar una regulación de un tema muy sensible. El Congreso debería establecer los requisitos, procedimiento de la producción, los productores. También se están creando nuevas tasas y es algo que no pregonamos en el interbloque. Además, debería reverse la cámara de origen».

A su turno, el neuquino Pablo Cervi coincidió en «la necesidad y potencial que tiene el cannabis porque es usado para uso medicinal tanto en humanos como veterinarios, eso no se discute». Pero, también apuntó sobre las tasas que se crean, la Cámara de origen, la delegación de facultades del nuevo ente y el «centralismo de la ubicación de la agencia en CABA», por lo que sugirió que puede ser «más federal».

A continuación, el radical Jorge Rizzotti (Jujuy) lamentó que el tema haya sido puesto en la agenda de extraordinarias, pero que nunca se trató. En tanto, sostuvo que es «una ley que no es la ideal», y ejemplificó con la situación actual de su provincia que «es la que más ha avanzado en el cultivo» y enumeró los beneficios que traería la sanción de la ley en cuanto a empleo e ingresos.

Sin pertenecer a la comisión, el rionegrino Luis Di Giacomo adelantó el voto negativo del bloque y criticó que en el Senado solo hubo dos sesiones informativas donde «el 95% de los expositores eran autocultivadores y muy pocos advirtieron de la situación que pasa el país y América de lo que significa la legalización de la marihuana».

«Este proyecto tiene una visión sesgada a la aprobación este tipo de uso recreativo o narcótico de la marihuana. Es totalmente fuera de lugar que se ponga en la misma ley el cáñamo con el cannabis. El cáñamo es una variedad del cannabis, la marihuana, porque así se llama en un discurso donde tratan de tapar la peligrosidad ahora la llamamos cannabis, es otra variedad. Coincidimos en todos los aspectos del cáñamo, lamento el proyecto del Ejecutivo porque aborda dos temas que quedan al servicio de la industria cannábica de multinacionales que desarrollan un camino hacia la legalización y uso recreativo de la marihuana quitando la peligrosidad que tiene», criticó el rionegrino y pidió «debatir en profundidad el tema».

De la verdad oficialista, el misionero Héctor Bárbaro celebró el proyecto de ley porque «hay muchas familias esperando el tratamiento del cannabis medicinal». En segundo lugar, también remarcó la creación de puestos de trabajo y la reglamentación que la iniciativa propone.

Los puntos centrales del proyecto

El proyecto del Ejecutivo busca crear un marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial; promoviendo así el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial.

La iniciativa contempla la creación de una Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), como organismo descentralizado que funcionará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo, con autarquía administrativa, funcional, técnica, y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional.

Será el organismo competente para reglar, controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados. Entre sus múltiples funciones, podrá instalar delegaciones regionales o provinciales para agilizar el efectivo cumplimiento de la ley en todo el país.

Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, la ARICCAME establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al o a la peticionante, con el fin de maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos. En ese sentido, resultará necesario y relevante un modelo de articulación conjunta entre varios organismos públicos cuyas competencias se encontrarán coordinadas.

En el otorgamiento de las licencias/autorizaciones, la ARICCAME contemplará muy especialmente el propósito de contribuir al desarrollo de las economías regionales y de promover la actividad de cooperativas y de pequeños y pequeñas y de medianos y medianas productoras y productoras agrícolas y se atenderán asimismo las perspectivas de género y diversidad.

También, el proyecto prevé que la ARICCAME deberá acuñar normativa conjunta y/o generar convenios de cooperación con el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la AFIP, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la IGJ y la UIF.

Por otra parte, se contempla un régimen sancionatorio por incumplimientos a las disposiciones y/o a las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, con sanciones que van desde el apercibimiento, la multa, la suspensión de la autorización para desarrollar la actividad, la caducidad de la autorización, y la inhabilitación para operar en los plazos previstos en la reglamentación.

Entre los cambios que incorporaron cuando se dio media sanción en el Senado, se agregó la creación de un Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal, que estará constituido por un representante de la Nación y uno por cada provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes cumplirán funciones de manera honoraria.

Dicho Consejo Federal se reunirá mensualmente, en sesiones ordinarias. Por razones de urgencia podrá ser convocado a sesión extraordinaria por la ARICCAME o a requerimiento de, al menos, el 40% de los integrantes. Fijará su asiento en sesión plenaria con la asistencia de por lo menos dos tercios de los miembros y elaborará sus recomendaciones por mayoría simple de los miembros presentes.