Por videoconferencia, un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados realizó una nueva reunión informativa con la participación de funcionarias e investigadoras del Conicet, para analizar proyectos de justicia penal y género.

Se trata del segundo de cuatro encuentros previstos hasta el 2 de julio, en los que van a exponer funcionarias de organismos nacionales y provinciales, representantes del Poder Judicial y de las organizaciones de la sociedad civil, para luego definir cuáles serán los proyectos que se impulsarán para erradicar y prevenir la violencia de género.

En ese sentido, la presidenta de Legislación Penal, Carolina Gaillard (Frente de Todos), manifestó que la intención es “abordar todos los proyectos de una manera integral, no sólo con el tratamiento de penas sino establecer nuevas figuras, nuevos procedimientos, con una mirada enriquecedora”.

Por su parte, Mónica Macha (Frente de Todos), presidenta de la comisión de Mujeres y Diversidad, consideró que las propuestas deben tener un “diseño con perspectiva de género porque es una problemática que atraviesa distintas violencias”. Asimismo, abogó por una legislación “más abarcativa para todas las identidades de género”.

Entre los principales temas, se abordaron la prevención de los diferentes tipos de violencia de géneros; articulación civil y penal; justicia de familia y normas procesales; nuevas formas de reparación integrales; iniciativas de legítima defensa privilegiada para víctimas; proyectos sobre calumnias e injurias y querellas.

En su exposición, la directora de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos de las Violencias por Razones de Género del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Silvina Perugino, explicó que faltan “especificidades no sólo punitivistas sino de más acompañamiento a la víctima y un tratamiento especial a las medidas de protección”.

A su vez, Perugino aclaró que hay dificultades con la presentación de querellas porque “muchas mujeres no tienen recursos para pagar los patrocinios” y, en ese sentido, mencionó el proyecto que propone que se puedan presentar como querellantes organizaciones sociales.

La coordinadora de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación (DGN), Raquel Asensio, se centró en el proceso civil y afirmó que el problema es la “impunidad y el trato revictimizante de la justicia”, por lo que “hace falta un proceso de fondo, la fragmentación del conflicto y dar un rol de control a las leyes”.

En tanto, Julieta Di Corleto, responsable de la Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia del Ministerio Público de la Defensa, expresó que algunos proyectos están dirigidos a “realzar la gravedad pero no avanzan sobre espacios sin intervención del derecho penal”.

“El desafío es poder lograr que la administración de justicia en coordinación con todos los poderes incorpore un enfoque de género”, aseveró Di Corleto, y destacó el proyecto que incorpora la violencia sexual digital.

En representación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la investigadora Marisa Herrera afirmó que el derecho penal tiene que ser “mucho más humano en coordinación con el proceso civil, y dar un debate abierto, sensible y clave, que se geste en la reparación con autonomía y libertad de las mujeres”.

También participaron la abogada feminista Luciana Sánchez y la delegada no docente que dirige plenario de trabajadoras de la Facultad de Ciencias Sociales-UBA, Vanina Biassi.