La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada Carolina Gaillard (FdT), inició hoy el análisis del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la disputa por los fondos de coparticipación.

“Hay posibles causales de mal desempeño y vamos a determinar si ocurrieron o no”, indicó Gaillard, en relación al conflicto entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires por los recursos de Coparticipación.

 En respuesta, el diputado del Pro Pablo Tonelli manifestó que “el Poder Ejecutivo no ha cumplido la medida cautelar de la Corte Suprema respecto a este tema”, mientras que su par Paula Oliveto Lago (Coalición Cívica) enfatizó: “Incumplir un fallo de la Corte es delito. Creo en el federalismo de la concertación”.

A continuación, expuso el subprocurador del Tesoro de la Nación, Horacio Diez, quien en calidad de testigo se refirió al fallo desde la óptica del Estado nacional: “La postura nacional frente a los decretos que le asignaron un 3.75% y, posteriormente, un 3.50% de coparticipación a la Ciudad fue dejarlos sin efecto en función de su ilegitimidad”.

Además, el funcionario indicó que “los vicios se relacionan con que la CABA tenía asignada una coparticipación del 1.4% y en el Convenio de traspaso de las fuerzas de seguridad “no fue estimado el costo que podía representar la ejecución y el cumplimiento de esos servicios ni se estableció ningún mecanismo para establecerlo”.

Ante consultas sobre el cumplimiento del fallo de la Corte, dijo que “la procuración no fue consultada formalmente acerca del curso de acción a seguir en lo relativo al cumplimiento o no de esa sentencia cautelar” y aclaró que se “interpuso un recurso al que entendemos corresponde aplicarle un efecto suspensivo, conforme la ley de medidas cautelares porque la cautelar suspende una ley”.

“Hasta donde tengo conocimiento el Gobierno nacional informó que se ponía a disposición de la Ciudad, lo que tenía en sus manos disponible en ese momento eran Títulos. Es una situación financiera que me excede pero fue para demostrar a la Corte que se actuaba de buena fe”, agregó el testigo.

Por su parte, Joaquín Alperovich, titular de la Unidad de Análisis Económico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, testificó que las funciones de la unidad son “básicamente por indicación de la presidencia de la CSJN, realizar estudios sobre el impacto o los efectos que puedan tener trámites o decisiones que involucran al máximo tribunal en diversas variables económicas en términos de sentencia. Proveer de esos informes, solicitar información a los organismos pertinentes para realizar esos estudios”.

Ante consultas sobre quien solicita esos informes, el testigo contestó que se realiza “a través de la secretaria general de administración, los secretarios letrados solicitan estos informes”. En el caso concreto del expediente que se trata en la jornada dijo que” no se le ha dado intervención a la unidad de análisis económico” que conduce. A su vez, expresó que “desconozco los motivos” por los cuales no hubo intervención.

«Brindamos información sobre el presupuesto de la policía federal en el marco del Ministerio de Seguridad,en su momento, en calidad de director nacional de la Oficina de Presupuesto. La información fue de carácter presupuestaria”, contestó respecto al convenio de traspaso de las fuerzas de seguridad.

Durante la reunión, el diputado oficialista Rodolfo Tailhade propuso una ampliación de pruebas con la incorporación de algunos testimonios y la “recepción de huellas de voz” del ex ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’ Alessandro, con el fin de “analizar su relación con el colaborador de la Corte Suprema Silvio Robles”. La votación de la propuesta del diputado resultó favorable.

En la misma línea, se aprobó la iniciativa del diputado Marcelo Casaretto (FdT) para citar, tras las elecciones, al ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

Desde la Coalición Cívica, el diputado Juan Manuel López aseveró que “todos sabemos que las pruebas de los chats son ilegales y por eso consideramos su inadmisibilidad”.

Al comienzo de la reunión, la titular de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, informó que “hoy estaba citado el juez Juan Carlos Maqueda”, pero -aclaró- “no ha asistido ni ha presentado un informe por escrito”.

Además, la diputada oficialista explicó: “Vamos a avanzar con la creación de una subcomisión interna para continuar con la investigación sobre las irregularidades de la Obra social judicial, conformada por tres miembros del oficialismo y dos miembros de la oposición”.

La Comisión continúa el martes 11 de julio a las 13hs en la que se presentarán como testigos: Silvina Batakis, presidenta del Banco Nación (BNA) y ex secretaria de provincias; Gabriel Astarloa, procurador del Tesoro de la Ciudad;  Alejandro Rodríguez, secretario de Juicios Originarios de la CSJN; y fiscales federales de Estado de las provincias de Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja y Santa Cruz.