El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), como representante de 64 entidades vinculadas a las cadenas productivas de todo el país, es un interlocutor indispensable del diálogo público-privado que se requiere para alcanzar los objetivos anunciados de reducir el aumento de las emisiones de GEI al año 2030 y lograr la carbono neutralidad para el año 2050; atendiendo a lo ocurrido en la COP 26 en Glasgow y los compromisos asumidos por la República Argentina.
Bajo los principios de que la Estrategia de Largo plazo de Cambio Climático debe asegurar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad social, ambiental y económica en Argentina, asumimos la responsabilidad que significa que el sistema agro-bio-industrial sea parte de las soluciones integrales de triple impacto.

Nos comprometemos en colaborar para la elaboración de la Estrategia del país y del diseño de políticas, acciones e intervenciones basadas en la ciencia y en métodos de medición válidos que deben ser parte de la Estrategia de Largo Plazo de Carbono Neutro.
Existen muchas experiencias en relevamiento de emisiones, en prácticas y procesos, así como programas en ejecución de sectores productivos que deben ser parte de la Estrategia de Largo Plazo. No creemos conveniente que el Gobierno lance iniciativas que no tengan respaldo desde lo productivo, ambiental y técnico.
Contamos con el conocimiento científico y la información que nos permitirá avanzar de manera sostenida, siendo necesarios acordar los objetivos del país en el futuro cercano.
En un documento del 29 de octubre, hemos manifestado la preocupación del CAA por las carencias con las que nuestro país llegaba a la COP 26, evidenciadas en una falta de articulación entre las agendas legislativas y ejecutivas y las posiciones de los mismos Ministerios.

El Gabinete de Cambio Climático no cumplió los objetivos de su creación.
Entendemos que el primer punto a trabajar para avanzar en la Estrategia Nacional es fortalecer los espacios institucionales de diálogo público-privado, además de la necesaria articulación de políticas entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, y entre los Ministerios del Poder Ejecutivo.

La agenda de temas que requieren atención y articulación que se propone como prioritarias son:
 Medición, métricas y cálculos: revisar los sistemas de medición del balance de carbono en los Inventarios Nacionales e impulsar la medición real de los diferentes sistemas productivos, en particular, la ganadería y bosques.

 Transición energética: elaboración de un documento de política pública que incluya los aportes de las bioenergías en la transición energética y una evaluación integral de la misma al 2030 y al 2050 para su posterior implementación en la matriz energética nacional.

 Mitigación: considerando que es imposible lograr la carbono-neutralidad sin mitigación, se requiere elaborar la estrategia de captación de CO2 basada en la naturaleza, tal como la expansión de la forestación, su medición adecuada y financiamiento.

 Financiamiento: evaluar las opciones y oportunidades que puede nuestro país y el sistema productivo para obtener financiamiento externo tanto para mitigación como para adaptación. Trabajar en la búsqueda del financiamiento para avanzar en los procesos de adecuación que permitan la adaptación haciendo menos vulnerables a los sistemas productivos, financiamiento para el desarrollo de tecnologías y procesos para la mitigación y el monitoreo en tiempo real de las actividades.

 Adaptación: evaluación de los escenarios de impacto por región, cadena productiva y priorización de acciones para la adaptación.
 Comercio internacional: establecer un equipo de seguimiento de los requisitos que se impulsan por países, cadenas de suministro y sistema financiero que pueden afectar al país y generar una estrategia nacional y regional de negociación consensuada para actuar en los foros internacionales.

 Innovación y transferencia: alinear las políticas de investigación, innovación y transferencia de tecnología de INTA; INTI; CONICET; etc. y su financiamiento para priorizar las estratégicas relativas a medición, monitoreo y reducción de la huella de carbono, captura de carbono y lograr sistemas productivos más sostenibles certificados.

 Legislación: impulsar que el GNCC deba emitir opinión sobre los proyectos de Ley que afecten el balance de carbono y reporten sobre su coherencia con la Estrategia Nacional de CC. Se debería revisar también la legislación contraria a dichos objetivos, tal como la Ley de Biocombustibles y la modificación de la Ley de Manejo del Fuego.

Reiteramos que el sector de Agricultura, Ganadería y Bosques y sus cadenas de valor en Argentina son parte de la solución para la mitigación y adaptación al cambio climático y pueden impulsar la creación de miles de puestos de trabajos en la transformación que
requieren los sistemas productivos y cadenas de valor para reducir la huella de carbono en la transición hacia el logro de la carbono-neutralidad. Este camino es un camino lleno de desafíos y requiere transitar en forma conjunta entre el sector público y privado, en
diálogo permanente.