Conforme informo la Asociación de Abogados de 9 de Julio; desde hace más de dos meses, la actividad del Juzgado de Paz Letrado de 9 de Julio se ve afectada por una medida de fuerza que realiza el gremio que nuclea a los trabajadores judiciales bonaerenses.

Esto significa que los empleados judiciales no están asistiendo normalmente a trabajar y sin perjuicio de que, en el caso de nuestra ciudad, tanto el Dr. Carlos Mendez (Juez suplente) como el Dr. Raúl Granzella (Secretario) están a disposición de los letrados a fin de atender causas urgentes y tomar las audiencias programadas con anterioridad a la medida de fuerza, esta situación ha llevado a una demora excesiva en la tramitación de las causas y en el desarrollo normal de las mismas, que perjudica tanto a los nuevejulienses que aguardan respuestas a sus peticiones, como así también limita el derecho de los abogados a ejercer su profesión comprometiendo seriamente su subsistencia.

A raíz de la grave situación que atraviesa la provincia de Buenos Aires en punto a la actividad judicial es que el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA) que reúne los 20 colegios departamentales emitió un duro comunicado pidiendo de manera urgente el restablecimiento del Servicio de Justicia que está perjudicando a los bonaerenses y a los abogados en ejercicio. Con la firma de su presidente, Bienvenido Rodríguez Basalo y del Consejo Superior, el COLPROBA anuncia que iniciará una acción de amparo y no descarta pedir la intervención federal al Poder Judicial de la Provincia. Con fecha 16 de Mayo de 2016 se tomó la siguiente resolución:

“Ante la prolongación de las medidas de fuerza llevadas a cabo por los trabajadores Judiciales, el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires manifiesta que la actual situación es crítica, y resulta indispensable evitar la paralización del servicio de justicia que afecta, en primer lugar, el estado de derecho y en segundo lugar, a los 16.000.000 millones de bonaerenses que requieren del servicio de justicia.
Estos lamentables acontecimientos, además, cercenan directamente el derecho a trabajar de los 60.000 abogados de la provincia, comprometiendo seriamente su subsistencia y la de sus familias, por lo que este Colegio exige que se respete el derecho de ejercer su profesión con las más amplias garantías.

Por ello el Consejo Superior resuelve:
1) Exigir a los tres poderes del Estado, cada una en la esfera de su competencia, la inmediata solución del conflicto.
2) Iniciar acción de amparo para el pleno restablecimiento del servicio de justicia en toda la provincia de Buenos Aires.
3) De persistir el grave cuadro de situación imperante, y mantenerse el incumplimiento de la garantía establecida en el art. 15 de la Constitución Provincial, presentar ante el Honorable Congreso de la Nación el pedido de intervención Federal al poder Judicial de la Provincia, en razón de darse los supuestos previstos en el art. 5 de la Constitución Nacional que lo justifican.