La Unión Industrial Argentina (UIA) apuntó duramente este lunes 16/11 contra el proyecto de ley de “Aporte Solidario y Extraordinario que implica por única vez un impuesto a los patrimonios que superen los $200 millones.

El rechazo se hace expreso a un día de que el proyecto, impulsado con fuerza desde el ala ‘cristinista’ del Frente de Todos, sea tratado en la Cámara de Diputados.

En un duro comunicado, se advierte que su aplicación descapitalizará a «empresas que que invierten, producen y sostienen el empleo en un contexto de emergencia social, sanitaria y económica».

Esto se debe, argumenta, a que el proyecto no diferencia entre el patrimonio formado por capital productivo (empresas, máquinas y activos tecnológicos en el país) y aquél compuesto por activos
financieros o inmuebles. Como resultado de esta medida, «las empresas deberán destinar recursos afectados a la producción al pago de este aporte».

Asimismo, desde la organización que conduce Miguel Acevedo critican que la Argentina «esté transitando la pandemia con una inercia que combina aumentos de la carga impositiva, disminución de la inversión, caída
del empleo y del consumo con el consecuente desplome de la recaudación».

«Esta delicada situación fiscal puede mejorar, pero sólo será a partir de una recuperación de la actividad y una mayor formalización de la economía», indica la UIA.

«Actualmente, el sector formal de la economía soporta el incremento de la carga impositiva a costa de una economía informal que le quita recursos al país. Argentina necesita revertir esta tendencia que afecta la capacidad de generar divisas y producción nacional, perdiendo cada vez más competitividad y espacio en los mercados externos. El sistema tributario debe incentivar la reactivación económica, inversión y la genera», agrega el comunicado.

Y continúa el descargo: «Este proyecto grava aquellos recursos que deben destinarse a la
inversión, indispensables para recuperar el crecimiento. La tasa de inversión en relación con el PIB es una de las más bajas en términos históricos, con 13,2% en el período pre-pandemia, en el primer trimestre de
2020. Además, la baja profundidad del sector bancario en nuestro país (con una relación entre crédito y PIB de solo el 9,7%) hace que mayormente las empresas tengan que aplicar recursos propios y de sus accionistas para invertir».

Bajo la actual coyuntura económica, la UIA remarca que la «redacción del proyecto complejiza un marco ya muy adverso para las empresas argentinas» y en ese sentido pide subsanar los problemas que la iniciativa presenta. Con ese fin, presenta cuatro propuestas: la primera es «excluir de la base de imposición a las acciones o participaciones en activos productivos», el segundo «permitir dar cumplimiento al monto de aporte requerido mediante un importe equivalente en inversiones productivas en el plazo de un año».

La tercera es «incorporar las mismas exenciones que las que presenta el impuesto a los bienes personales, agregando la exención a Obligaciones Negociables de empresas argentinas para no afectar el ahorro en moneda nacional y en instrumentos públicos (que acaban de atravesar un proceso de renegociación).

La cuarta y última propuesta, «incorporar un mínimo no imponible y corregir las alícuotas para evitar tratamientos desiguales».

En las últimas horas, también se había pronunciado en contra del proyecto el Foro de Convergencia Empresaria:  «Se trata de una iniciativa que es confiscatoria», señaló la entidad que representa a las 80 instituciones más importantes de la Argentina (AEA, UIA, IDEA, ACDE, la Sociedad Rural, ABA, DAIA y la Cámara de Comercio, entre otras)