La disputa de cuatro hermanos por una herencia dejó ya de ser un problema familiar para transformarse en una cuestión política de magnitud. El respeto a las leyes y al estado de derecho, el tema del uso y tenencia de la tierra, y la discusión por los modos de producción, entre otras cuestiones, quedaron en medio del debate. Danilo Lima

La durísima disputa familiar de los herederos de Luis Félix Etchevehere entró definitivamente en el terreno político luego de que el último jueves Dolores Etchevehere, la única hija mujer de quien fuera durante 27 años director de El Diario, anunciara que cedía el 40% de su herencia al denominado Proyecto Artigas, una red integrada por movimientos sociales, profesionales del derecho, la comunicación y el cuidado del ambiente.

Proyecto-Artigas

Ese anuncio, realizado a través de un video que inmediatamente se viralizó a través de las redes sociales, se transformó en una bomba cuando la mujer informó que había designado como su abogado a Juan Gabrois, el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), miembro también del Proyecto Artigas.

Simultáneamente, un grupo de personas ingresaba al predio del establecimiento Casa Nueva, ubicado en el departamento La Paz, con el objetivo de “recuperar tierras que se encontraban indebidamente ocupadas por los hermanos varones” de la familia Etchevehere.

Presentaciones judiciales.

Ante esta situación, Las Margaritas SA –la firma a la que pertenece Casa Nueva–, propiedad de la madre (Leonor Barbero Marcial) y los hermanos (Luis Miguel, Sebastián y Juan Diego Echevehere) de Dolores, con el patrocinio legal del doctor Rubén Pagliotto, inició una serie de presentaciones ante la Justicia ante “la usurpación” de las tierras, al tiempo que le reclamó que “actúe de manera inmediata y con la severidad que las circunstancias justifican frente a la denuncia radicada en la fiscalía de La Paz, ya que estas personas siguen en el establecimiento de nuestra propiedad, usurpando la misma”.

El último viernes, asimismo, Las Margaritas SA entregó un escrito a la Justicia para “comunicar que en rigor de verdad, hasta el mismísimo grupo conducido por el Dr. Juan Grabois, ha sido estafado en su buena fe, pues hace exactamente dos años atrás, un día 16/10/2018, por escritura pública, la Sra. Dolores Etchevehere, en los términos del Art. 215º de la Ley 19.550, cedió la totalidad de su tenencia accionaria de Las Margaritas SA, conformada por la cantidad de 22.875 acciones de valor nominal, a favor del Grupo Mirus SA”, con domicilio en la localidad de Derqui, partido de Pilar, provincia de Buenos Aires.

La documentación presentada busca probar que Dolores, desde hace dos años, no tiene ninguna participación accionaria en Las Margaritas SA y, según la convicción del Grupo Etchevehere, no puede ceder lo que no es de ella.

“Lo estafó al mismo Juan Grabois. No podés regalar lo que ya no es tuyo, o, como dicen en el campo, no se puede saludar con sombrero ajeno”, le dijo Pagliotto a este portal.

En las últimas horas, además, Barbero Marcial, en su carácter de presidente del Directorio de Las Margaritas SA elevó a la fiscalía el testimonio que le fue brindado por Mariano Rubiolo, coadministrador de Casa Nueva, cuando concurrió al establecimiento con fines laborales y técnicos.

En el escrito, se relatan, entre otras cosas, las dificultades que tuvo Rubiolo para ingresar al campo en donde había “personas civiles haciendo guardia con palas y picos en la mano”, al tiempo que informa sobre la presencia de cámaras en la casa principal del predio.

Comenta, además, que se encontró con Dolores Etchevehere, quien le dijo que la próxima vez que fuera al campo antes debía pedirle permiso dado que es ella la dueña.

Dolores-documento-576×1024

Repercusiones.

Las impensadas derivaciones políticas del conflictivo proceso sucesorio de Luis Félix Etchevehere, obviamente, generaron repercusiones en distintas entidades del sector

La Mesa de Enlace de Entre Ríos, por ejemplo, subrayó que “las usurpaciones son violatorias de la Constitución Nacional y un reconocimiento del fracaso de la política”, al tiempo que advirtió que “el estado de derecho empieza a agrietarse a partir de acciones que ponen en jaque principios fundamentales, resultando necesario hacer un alto y exigir mesura, compromiso y responsabilidad”.

El nucleamiento aclaró que no es su intención “profundizar en los casos concretos ni en las cuestiones judiciales de cada uno de ellos, simplemente queremos condenar todo tipo de toma de tierras, campos o viviendas que se realice, sean cuales fueren las motivaciones, ya que es imprescindible defender la ley y la Constitución Nacional antes de dar cualquier otro tipo de debate”.

“Resulta un despropósito y un precedente injusto y peligroso convalidar las usurpaciones como camino de resolución de las enormes falencias que ha presentado el Estado a la hora de la saldar las deudas sociales. Despojar por la fuerza de sus bienes a sus dueños es un ejercicio de pereza intelectual y un reconocimiento de incapacidad manifiesta de la política”, remarcó la Mesa de Enlace.

Tras subrayar que se viven “horas de preocupación y de zozobra”, las entidades agropecuarias entrerrianas recordaron que “las usurpaciones organizadas claramente violan el Artículo 17° de la Constitución que protege al principio de la propiedad privada”.

La Sociedad Rural Gualeguaychú, en la misma línea, manifestó su “profunda preocupación en el marco de la ocupación ilegal de tierras que han tenido lugar en la Argentina y recientemente extendidas a nuestra provincia, más precisamente en los departamentos Gualeguaychú y La Paz”.

En este sentido, la entidad rechazó y condenó este tipo de acciones violatorias de la Constitución Nacional y que ponen en jaque severamente el estado de derecho.

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), por su parte, le apuntó a los Estado nacional y provinciales. “Si los perjudicados son productores, el Estado y las Provincias, con pocas excepciones, se desentienden del asunto pretendiendo que ello sea un conflicto entre privados, cuando está claro, que se trata del quebrantamiento de derechos otorgados por la Constitución Nacional y que ello sucede bajo la inacción del Estado”, alertó CRA, y enfatizó que “es inadmisible el silencio y la inacción de la política” porque “los títulos de propiedad los otorga la provincia entonces deja de ser un problema entre privados para ser un tema de Política de Estado que debe ser urgentemente atendido”.

Apoyo al Proyecto Artigas.

Mientras, las organizaciones socioambientales Jóvenes por el Clima Argentina y Extinction Rebellion Argentina expresaron su apoyo, acompañamiento y participación en el Proyecto Artigas iniciado en Casa Nueva. “Quienes militamos y luchamos por un modelo productivo justo, inclusivo y sostenible, a la altura de los desafíos que nos plantean problemáticas como la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, sabemos que Entre Ríos es una provincia en donde priman lógicas repudiables. Grandes terratenientes concentran la tierra, depredan los suelos y envenenan a comunidades enteras con el uso de agrotóxicos”, señalaron, y remarcaron que Entre Ríos “es un territorio liberado para contaminar y envenenar”.

Por Danilo Lima / www.dosflorines.com.car