Mediante videoconferencia, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, expuso sobre proyectos de prevención de la violencia de género y de protección a colectividades de la diversidad, ante un plenario de las Comisiones de Legislación Penal y Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados.

Durante las tres audiencias anteriores, se escucharon todas las opiniones sobre los proyectos en estudio, con la participación de funcionarias nacionales, provinciales, judiciales y organizaciones.

Al inicio de este cuarto encuentro, la presidenta de Legislación Penal, Carolina Gaillard (Frente de Todos), agradeció la presencia de la ministra y resumió los tres encuentros que permiten llegar a un “diagnóstico más acabado de lo que pasa con la mujer en la justicia”.

“Sesionar de manera conjunta nos permitió tener una mirada del todo, pensar los proyectos desde otra lógica; juntar las miradas desde el derecho penal con un abordaje integral y tener propuestas legislativas para que sean mejores herramientas para atender la violencia de género”, puntualizó Gaillard.

En tanto, la presidenta de la comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha (Frente de Todos) también se manifestó en línea con la idea del trabajo conjunto, y expresó que «es una experiencia de construcción distinta, un desafío poder articular estos dos mundos como son el pensamiento penal y las cuestiones que venimos militando y trabajando las mujeres, lesbianas, no binaries, travestis y trans”.

En la comisión de Legislación Penal hay varios proyectos en avance, como la posibilidad de otorgar prisión domiciliaria a mujeres embarazadas y con menores a cargo; establecer penas por difusión de imágenes sexuales; la prohibición de excarcelación de los condenados por delitos sexuales; promotoras territoriales que actúen como acompañante comunitario; legítima defensa y juicios abreviados para los casos de violencia de género, entre otros.

Al respecto, la ministra Gómez Alcorta dio su visión sobre las propuestas en estudio, felicitó el trabajo de las comisiones y remarcó que “no es posible pensar estos temas sin cruzar el derecho penal con la perspectiva de género”.

“Es fundamental pensar el papel del derecho y su impacto diferencial sobre las mujeres y diversidades. El derecho fue pensando por varones como un discurso social, fuerte, que dota de sentido a las conductas sociales y opera como un legitimador de poder”, aseveró la funcionaria.

La ministra enumeró las deficiencias de la justicia como la falta de capacidad de escucha como instancia de reparación, la falta de perspectiva de género, la reticencia a aplicar la legítima defensa para hechos de violencia de género, la atenuación de penas y banalización de casos violentos, la“altísima impunidad” de los hechos que llegan al 70%, la ausencia de datos de victimización, entre otras.

Gómez Alcorta manifestó que «la solución no es crear tipos penales o el aumento de penas” sino que “hay que buscar los mecanismos priorizando políticas de persecución para los delitos graves”, al tiempo que pidió “una revisión del Código Penal que amplíe la intervención y capacidades para estos delitos”.

En cuanto al diagnóstico, dijo que «hay una falta de coordinación federal en materia de delitos de género y esto dificulta la posibilidad de estadísticas”. A su vez, solicitó la implementación del sistema acusatorio que “puede facilitar el abordaje de muchos de estos hechos” y alertó por el bajo cupo femenino en puestos jerárquicos del Poder Judicial.

Luego de solicitar normas específicas para mujeres y diversidades privadas de su libertad, mencionó el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022, que fue presentado hace unos días junto al presidente Alberto Fernández y que trabajará en consonancia con las comisiones.